Se lamentaba este martes el siempre brillante Arcadi Espada de que “las propuestas de los populistas españoles no se hayan sometido al juicio de la inteligencia y que haya vuelto a probarse que la altivez ideológica es el mejor camuflaje de la indigencia intelectual”. No le falta la razón.En España, el embrión de todos los populismos ha sido el nacionalismo al que algunos siguen dando pábulo al no someterlo al juicio de la inteligencia. Lo hemos vuelto a comprobar esta semana a cuenta de la tosca interpretación de los saldos fiscales calculados por el Ministerio de Hacienda.
Una fábrica de separatistas. El diario Última Hora ha decidido convertirse en una fábrica de separatistas. Como nos ilustra el caso catalán, no hay que infravalorar el papel de los periodistas en la construcción denaciones modernas. La prensa en castellano de las Islas está trufada de nacionalistas que no dan puntada sin hilo. La ideología les puede y no dudan en sacrificar la verdad por una buena causa. El pasado domingo la navarra Nekane Domblás (UH) repetía la misma jugada del año pasado y volvía a dedicar dos páginas a todo color para enumerar todo lo que podría hacer Armengol con 1330 millones más en el bolsillo, la suma a la que asciende el último saldo fiscal de Baleares referido al 2012, como ya les he ido informando. La que fuera subdirectora general de IB3 durante el segundo Pacte de Progrés interpretaba los 1.330 millones de euros que “se irían de Baleares y no volverían” como un “expolio” a nuestras islas. Se trata, como he repetido varias veces, de una burda manipulación en toda regla que debe ser denunciada, o cuando menos, sometida al juicio de la inteligencia, como dice Espada. ¿Por qué es una tosca manipulación considerar el montante de una balanza o saldo fiscal, el que sea, como un “expolio”? Porque dentro de estos 1330 millones hay una porción muy elevada –distinta para cada autonomía– que no supone ningún agravio territorial, ya que es el resultado de la existencia natural de flujos de renta (en impuestos, cotizaciones sociales, prestaciones, pensiones, servicios) desde las autonomías, barrios, familias y personas más ricas a las autonomías, barrios, familias y personas más pobres. En concreto, en Baleares, esta porción “no territorial” ascendería al 82,8% de estos 1.330 millones: 1.098 millones. El agravio a los baleares por el hecho de vivir en Baleares y no en otra autonomía se circunscribiría únicamente al 17,2% restante (232 millones). El “expolio”, de existir, serían por tanto estos 232 millones, no los 1.330 millones desaldo total. Esto es lo que dice el informe de Hacienda, esta es la interpretación exacta de sus autores. ¿A qué nos conduciría el “no expolio” o dejar el saldo a cero que propugna Domblás? Nos llevaría a un escenario donde no habría redistribución de la riqueza, donde todos, fuéramos ricos o pobres, pagaríamos los mismos impuestos y recibiríamos las mismas pensiones y subsidios, al margen de nuestras posibilidades y necesidades. ¿Estaría de acuerdo Domblás con este paraíso de redistribución cero? Me temo que no. Estos 1.098 millones no son pues ningún agravio territorial: son el resultado de la solidaridad de los ricos hacia los pobres, sometidos ambos a los mismos criterios uniformes en toda España –salvando a vascos y navarros–. En las mismas condiciones e igual cotización, un pensionista de Baleares cobrará la misma pensión que otro de Extremadura. Estos 1.098 millones (o la parte proporcional relativa a pensiones) afloran por el hecho de que en Baleares el número de pensionistas es menor (o bien al ser nuestras pensiones más bajas porque el salario medio en Baleares es más bajo debido a nuestra singular economía) que en Extremadura, no porque se les trate de modo desigual. Lo mismo ocurre con los impuestos, los subsidios o las cotizaciones, donde se aplican criterios uniformes en toda España. Hay que saber distinguir entre la solidaridad individual entre españoles, que debe mantenerse en principio y que supone entre el 70-80% de la balanza fiscal; y los agravios territoriales que, a mi juicio, deben minimizarse y que suponen entre el 20-30% del total de la balanza. Y eso ocurrirá siempre, por mucho que cambie la metodología de cálculo, se imputen de forma distinta ingresos y gastos, se calculen saldos relativos o balanzas absolutas, o se utilice el enfoque flujo monetario en lugar del enfoque carga-beneficio.
Política disfrazada de cultura. En su etapa como conseller de Educación y Cultura (1999-2003), Damià Pons (PSM) fue uno de los artífices del Institut Ramon Llull (IRL). Alumbrado en 2001, el IRL se presentó como “un gran instrumento de salida exterior de nuestra lengua y de sus producciones culturales”. Años más tarde, en su libro “El jonc i l’aritja” (Ed. Lleonard Muntaner, Palma, 2006), el mismo Pons reconocía que la entrada en el IRL había tenido “una evident i important dimensió política”. Nada nuevo bajo el sol, ciertamente, para alguien que siempre ha considerado a los mallorquines como “orfes d’identitat”, un pueblo colonizado y desorientado al que sólo Cataluña podía rescatar de su indignidad y vacío existencial. Queda claro que nuestra reincorporación al IRL es la enésima muestra de política disfrazada de actividad cultural, la sempiterna añagaza del catalanismo. Esta vez, sin embargo, nuestra subordinación vicaria a Cataluña es más grave todavía a tenor del excepcional y enrarecido clima político que vive aquella región donde los actuales inquilinos de la Generalitat están anunciando a bombo y platillo su pretensión de “desconectarse” de España tras las elecciones del 27-S. ¿Qué hace la consejera Esperança Camps afirmando que “comparte aspiraciones” con Cataluña, que quieren “ir juntos por el mundo”, que “quiere tender puentes y abrir puertas”, que “no quiere aislarse” de una región que aspira a romper el marco constitucional y estatutario vigente, un marco que legitima y del que emana la autonomía balear bajo cuyo paraguas ella es ahora consejera?
Al parecer, Camps está encantada con el Procés y no le importaría engancharse al tren de Artur Mas y Oriol Junqueras. Establecer alianzas culturales y lingüísticas con Cataluña no es firmar un convenio de tipo sanitario o de ayuda a la dependencia. La consejera no debería tomarnos por tontos. El irredentismo catalán obedece a una ideología que tiene a la lengua, y no a la sanidad, como el pilar fundamental sobre el cual quiere construir una nación y un estado independiente. Y los impulsores de este Procés –y algunos de forma explícita: ERC, CUP, una parte de CDC– nunca han renunciado al sueño pancatalanista que, de consumarse, significaría nuestra fagocitación como pueblo en el magma de una Gran Catalunya (Prat de la Riba) o de los Països Catalans (Joan Fuster). Situarnos en el dominio pancatalán como hace Camps (“todos somos cultura catalana”, ha reiterado estos días) en unas circunstancias como las actuales es propio de irresponsables y de fanáticos nacionalistas que, como Damià Pons, ruegan a todas horas por que Cataluña nos salve de nuestra insignificancia como pueblo.
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Publicat a El Mundo-El Día de Baleares, s’1-8-2015.
