Categoria: Comunicació

El Govern de Armengol ya ha admitido públicamente que no tiene margen de maniobra maniatado por la enorme deuda viva que arrastra nuestra comunidad: 8.260 millones de euros. En los próximos cuatro años, el Govern tendrá que hacer frente al pago de 2.407 millones en concepto de amortizaciones de deuda a los que hay que sumar otros 415 millones de euros en intereses bancarios, según informa Última Hora. El Govern no tiene recursos financieros ni capacidad de generarlos más allá de las subidas de impuestos y la creación de otros nuevos como el impuesto turístico cuya recaudación será a todas luces insuficiente para hacer frente al creciente gasto autonómico. La deuda de 8.260 millones se divide en dos partes: los 4.597 millones que se deben al Estado y que proviene mayoritariamente del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) y la otra mitad que se debe a los bancos. La consejera de Hacienda, Catalina Cladera, quiere negociar con el Gobierno que salga mañana de las urnas un aplazamiento del pago de estos 4.597 millones que se deben al Estado, consciente de que renegociar con los bancos es bastante más complicado a pesar de los cantos de sirena de Podemos. El PSIB fía todas sus políticas a un cambio de gobierno y a un nuevo modelo de financiación sin que de momento haya presentado ninguna propuesta global más allá de las habituales lágrimas de cocodrilo y de un aplazamiento a la desesperada de la deuda contraída estos años con el Estado a través del FLA, un mecanismo que puso en marcha Mariano Rajoy hace unos años y que ha permitido que las autonomías pagaran a sus proveedores, financiarse a unos intereses irrisorios (ahora mismo el 0%) y salvarse de momento de la quiebra.

Un gasto disparado. Pese a la dramática situación de las arcas autonómicas, el PSIB y Més, jaleados por Podemos, han decidido huir hacia delante y la próxima semana van a aprobar los presupuestos más elevados de la historia de nuestra comunidad autónoma. Nada menos que 4.241 millones de euros, un 5% más que los presupuestos anteriores de José Ramón Bauzá que ya fueron exageradamente expansivos. Este 5% supone un crecimiento superior al de la economía balear, alrededor de un 3%, lo que significa que el sector público balear sigue creciendo por encima del sector privado, el verdadero motor de la economía. En definitiva, caminamos hacia un modelo donde el peso del Estado Providencia no deja de crecer frente a la economía real a la que se detraen cada vez más recursos, con el freno para el ahorro, la acumulación de capital y las inversiones que todo ello supone. Por añadidura, el Govern ya ha anunciado que no va a cumplir el objetivo del déficit a fin de año: la deuda viva engordará todavía más.

Sin rescate ciudadano. El PSIB y Més han justificado estos presupuestos recalcando que suponen “un giro a la izquierda” que “redistribuirá la riqueza y paliará desigualdades”. “Las personas están por delante de las cifras económicas”, ha asegurado Cladera que ha incidido en que estas cuentas son “el primer paso para la recuperación de los derechos perdidos y los servicios básicos”.

La verdad, sin embargo, es que el énfasis del tripartito en la recuperación de los “derechos perdidos”, el “rescate ciudadano” o la “lucha contra la pobreza” no le ha permitido cumplir siquiera una de sus grandes promesas, estampada en sus acuerdos de gobernabilidad: la renta social garantizada. Para implementarla necesitaban como mínimo 60 millones de euros (según el Diario de Mallorca, se necesitarían cuatro veces más, unos 240 millones) y sin embargo el Pacte apenas ha llegado a 20 millones de euros que servirán para atender a algo menos de 4.000 familias sin recursos. Resulta llamativo que con un presupuesto que crece un 5% y que se eleva a la friolera de 4.241 millones no se hayan podido liberar 60 millones de euros para algo que, para PSIB, Més y Podemos, parecía fundamental y prioritario hasta hace poco. Liberar 60 millones significa dejarlos de gastar en sanidad, educación o industria política (altos cargos, organismos superfluos) para destinarlos al “rescate ciudadano” que ellos consideraban primordial y urgente. Si Podemos tuviera un mínimo de coherencia y respeto al pueblo “empobrecido” por la crisis al que apela sistemáticamente no debería dar luz verde a unos presupuestos que dejan en la cuneta a la mayor parte a los parados sin ninguna prestación −hasta 40.000, según el Diario de Mallorca−, mientras el Govern afloja la cartera ante los sindicatos educativos y sanitarios (paga extra, carrera profesional, nuevos concursos de plazas públicas, promesas de Martí March a la Assemblea de Docents de destinar más dinero a la educación a cambio de desconvocar la huelga) o la propia universidad (estudios de medicina). Un Govern, además, que está recuperando organismos inútiles –y muy útiles ideológicamente, claro– como el Consell de Joventut, el Consell Econòmic i Social o el Consell Social de la Llengua Catalana y que mantiene otros no menos superfluos como el Institut d’Estudis Baleàrics después de traspasar la proyección exterior de la cultura balear al Instituto Ramon Llull.

O una de dos, o los pobres no eran tantos como decían, o su delicada situación interesa al tripartito bastante menos de lo que ha venido pregonando. Es sintomático que Cort haya reducido la partida destinada a combatir la pobreza infantil alegando que carecían de gestor. Todavía estoy esperando que Cáritas y demás entidades de beneficencia profieran alaridos de indignación contra este recorte. Una sociedad civilizada como la nuestra no puede permitirse que nadie pase hambre, no tenga con qué vestirse o no tenga techo para dormir. Todos estamos de acuerdo en esto. Ahora bien, lo que es intolerable es crear una interesada alarma social elevando el criterio para definir la pobreza de tal modo que se llegue a la conclusión de que el 30% de la sociedad balear vive por debajo del umbral de la pobreza. Si eso fuera cierto y sabiendo que el principio mollar de un Estado Providencia es la redistribución de la riqueza, no me cabe ninguna duda de que Podemos nunca aprobaría unos presupuestos de 4.241 millones destinando sólo 20 (menos del 0,5%) a la renta social garantizada prometida.

La coartada de la pobreza. Para impedir precisamente la pobreza que nos avergüenza a todos sin caer tampoco en su institucionalización, como pretende la izquierda en su propósito por convertir los pobres en su bolsa electoral, es por lo que el resto de ciudadanos trabajamos más de medio año para el Estado. Sin embargo, observamos cómo las partidas presupuestarias destinadas a la lucha contra la pobreza son irrisorias si las comparamos con el volumen general del gasto. Son las manos muertas (funcionarios, sindicatos, políticos, grupos mascota subvencionados) las que siempre se llevan la parte del león del presupuesto, por mucho que agiten la bandera de los pobres para defender sus exclusivos intereses corporativos. Los pobres cumplen una doble función. En primer lugar, la apelación a la pobreza sirve para movilizar emocionalmente a quienes se han visto afectados por la crisis, criminalizar a los “bancos”, a los “ricos” y a los de “arriba” y envenenarlos de odio ideológico hacia las clases pudientes. Y en segundo lugar, los pobres se han terminado convirtiendo en la coartada moral para esquilmar los bolsillos de las clases medias productivas, la falaz bandera de los defensores a ultranza de un Estado Providencia desmesurado que les permite vivir a costa de la riqueza y prosperidad que crean unas clases medias desarmadas moralmente y huérfanas políticamente, a las que se les perdona la vida –por cometer el nefando pecado de enriquecerse y ganar dinero– si pagan y callan religiosamente.

Desde su irrupción como partido político, uno de los pilares fundamentales del discurso de Podemos se ha basado en el rescate de la democracia que debía devolverse a unos ciudadanos que, en su opinión, no estaban representados por una casta que la había secuestrado y puesto al servicio de sus intereses. Este diagnóstico, hasta cierto punto certero, ha dado paso a la idealización de la participación ciudadana como panacea a todos nuestros males. La democracia participativa era el eje en torno al que debía girar toda la vida en España, al menos la política.

Como sabemos, toda esta «democratitis» aguda ha sido orillada a la hora de la verdad, en nombre, claro está, del interés supremo del partido. La elección del juez Juan Pedro Yllanes como cabeza de lista de Podemos al Congreso sin pasar por ningún proceso democrático interno certifica la muerte de la democracia interna que tanto había pregonado Podemos en sus albores. Semejante incoherencia se explicaría por una estrategia de partido. El partido de Pablo Iglesias andaba de capa caída y necesitaba estímulos como el sonado fichaje del juez -antes lo habían intentado con el juez Castro- para remontar en las encuestas. Y parece que lo han conseguido aunque a un alto precio: la traición a los principios que dieron sentido al alumbramiento de Podemos al calor del espíritu del 15-M y su «no nos representáis» lanzado al rostro de la casta. La evolución de Podemos en apenas año y medio ha demostrado que el partido anti-casta se ha convertido en un partido más de la casta.

Presupuestos participativos. El Pacte de Cort selló a última hora un programa de gobierno que decía textualmente que «impulsaremos los presupuestos participativos; el primer año se llevarán a cabo mediante audiencias sectoriales». A mediados de noviembre, el edil de Economía y Hacienda, Adrián García, admitía que los presupuestos de 2016 no serían participativos. Un jarro de agua fría. Por si fuera poco, dicho incumplimiento reviste más gravedad si cabe al no haber aceptado el equipo de gobierno apenas ninguna enmienda del PP y C’s en la oposición. No resulta creíble la promesa de consultar a los ciudadanos cuando ni siquiera se muestra buen talante para aceptar enmiendas de los partidos en la oposición que, recordemos, representan a decenas de miles de palmesanos. ¿En qué quedamos? Pasar el rodillo y al mismo tiempo presentarse como adalid de la participación ciudadana es un contrasentido. Si de verdad creen en el diálogo fructífero, deben demostrarlo en cada sesión plenaria, no dejarlo para la tierra prometida de la democracia perfecta que los podemitas dicen querer construir. Por supuesto, no hay que desesperar. García nos ha prometido que, si bien la elaboración de los presupuestos no ha sido participativa como se esperaba, sí lo será su «ejecución». Que me expliquen cómo.

La consulta des Born. Entretanto, el Pacte de Cort está ultimando los pormenores para llevar a cabo una consulta sobre la conveniencia de mantener o no las terrazas en Es Born, una consulta inocua y que no responde, en absoluto, a los deseos de fomentar la democracia participativa. En efecto, la consulta es una forma de camuflar la suma incompetencia de un tripartito dividido que no se pone de acuerdo y con un miedo atroz a tomar decisiones que puedan afectar su popularidad. Si de verdad quisieran fomentar dicha participación la aplicarían también a otras cuestiones que, por su naturaleza y por la controversia generada, podrían ser de algún interés para los ciudadanos, como el derribo de Sa Feixina, la declaración de Palma como ciudad antitaurina, la subida de las tarifas de los aparcamientos municipales o la implantación de la ecotasa, por poner algunos ejemplos sin pretensión de agotarlos. El Pacte utiliza la consulta como remedio para no gobernar, o sea, para no tomar decisiones, que en eso -y en las críticas inherentes que conllevan- y no en otra cosa, consiste gobernar.

Democratitis inviable. Uno estaría tentado a pensar que, más allá de su nula o errónea aplicación, la participación ciudadana es un valor en sí mismo que merece ser propagado a cualquier ámbito de la vida política, económica o social. No creo que sea así. Sin profundizar en un debate que nos llevaría a la esencia misma de la propia democracia y a los conceptos de libertad positiva y negativa, una discusión que pensadores liberales como Hayek, Aron o Berlinhan tratado en detalle, sólo voy a referirme a dos razones que cuestionarían el sueño de la participación ciudadana. En primer lugar, los liberales siempre hemos creído que el propósito fundamental (y mayor logro) de la democracia moderna es la libertad para que los individuos promuevan sus propios proyectos vitales sin (o con la menor) interferencia del Estado. No queremos más Estado, sino más sociedad y mercado. En vez de votar más y más y con ello permitir que porciones crecientes de nuestras vidas sean reguladas por la voluntad arbitraria de mayorías electorales -sean directas o representativas-, lo que los liberales defendemos es poder vivir la vida con autonomía y al amparo de la opinión de las mayorías. Este es el significado de «derecho fundamental» o de «libertad negativa». Sin ir más lejos, como restaurador de Es Born lo que yo defiendo es mi derecho a tener una terraza, no que el resto de palmesanos decidan si puedo tenerla o no. De ahí que los liberales nos situemos contra el imperialismo democrático que trata de extender la democracia a todos los ámbitos imaginables. Lo primordial en una democracia liberal no es votar ni participar sino proteger a cal y canto esta esfera de libertades individuales en la que el Estado (ni la opinión mayoritaria) no se atreva a inmiscuirse.

La segunda razón la apuntaba hace unos meses el economista Juan Ramón Rallo: el sistema de participación ciudadana no es viable por una cuestión de incentivos. Rallo, citando a su vez a Anthony Downs, exponía que «la racionalidad de todo votante debería llevarle a no votar: el coste de votar medianamente informado es alto, pero los beneficios que obtiene por votar son cuasi nulos». En efecto, el coste de estar informado de todo -y esto es lo que, no olvidemos, se exige al ciudadano de una democracia asamblearia, como la Atenas clásica o las repúblicas idealizadas por Arendt o Petit- es muy alto, demasiado alto a cambio de unos beneficios irrisorios en términos de influencia electoral (un voto entre todo el cuerpo de electores). Uno invierte mucho tiempo, dedicación y esfuerzo para empaparse de los temas y tener una opinión formada sin obtener a cambio ningún beneficio que no sea su satisfacción personal o autorrealización.

Esta es la razón de fondo por la que los famosos círculos de Podemos han ido perdiendo fuelle poco a poco. Hasta el punto de que la concejal de Som Palma, Aurora Jhardi, se refirió a Podemos como un «enfermo terminal» puesto que los «círculos se están desmantelando, se están quedando vacíos», tal como publicó este periódico (22/10/2015). Mi experiencia política me confirma esta misma realidad que no podemos soslayar. Pese a los sistemáticos llamamientos que desde todos los partidos se hacen a los simpatizantes y a las bases, la participación suele brillar por su ausencia a menos que exista algún interés en ocupar algún cargo remunerado. Como vemos, el incentivo verdaderamente motivador es distinto del mero triunfo desinteresado de unas ideas en la arena pública. En efecto, la gente se cansa de votar y participar porque hacerlo en propiedad significa informarse continuamente y vivir prácticamente por y para la política, el arquetipo de ciudadano con el que han soñado tantos idealistas del «agora» ateniense y de las repúblicas cívicas pero que, dada la complejidad de la política moderna, se me antoja como un ideal anticuado, por muy bello que nos parezca.

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Article publicat a El Mundo-El Mundo-El Día de Baleares, es 12-12-2015.

JAUME OLIVER SALVÀ.

Desde 1833 con la división territorial de España realizada por Javier de Burgos, nuestra tierra es denominada Islas Baleares. A pesar de haber pasado tantos años, ni siquiera el Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares de 1983 con la denominación oficial de Comunitat Autònoma de les Illes Balears, ha conseguido arraigar esta nomenclatura entre los habitantes de cada isla. Nos sentimos más mallorquines, menorquines, ibicencos y de Formentera, que ciudadanos de Baleares. Fuera de nuestra comunidad autónoma pocos somos los habitantes de estas islas que cuando indagan de donde somos, contestemos: de las Islas Baleares.

Mi duda es, ¿existe el sentimiento Balear, ha servido para algo la Autonomía en este aspecto? Pienso que no. Por mi relación profesional con el sector turístico, he asistido a múltiples ferias, y la denominación de Islas Baleares, excepto entre los franceses es prácticamente nula, incluso los Consells Insulares hacen lo posible para asistir cada uno con su marca.

Otro tema muy manido, los vuelos interinsulares, siempre a la búsqueda de una tarifa que haga Menorca e Ibiza más cercanas, quizás una solución podría ser que lo que pueda costar un billete de autobús de Palma-Pollensa, y no más, el resto subvencionado por el Govern Balear.

Tampoco ayudan anécdotas de cierres de oficinas de entidades bancarias en Ciudadela con letreros: “oficina más próxima, Puerto de Pollensa”. Quizás si en el EAIB, no figurase la “lengua catalana propia de las Islas Baleares” y sí “la lengua balear” sería más fácil el sentirnos más próximos. Por primera vez un político –catalán– y en campaña electoral ha sido capaz de denominar balear a nuestra forma de hablar. Aprovechemos esta circunstancia y leamos los libros publicados por la Fundación Jaume III y usemos su traductor.

Estos pequeños gestos casi seguro pueden ayudar a sentirnos Baleares. De momento aquí los únicos que utilizan el término Balear, son los aficionados del At. Baleares, que se llaman a ellos mismos “balearicos”.

Nada demuestra más la incomodidad de los socialistas y del PI en relación a la cuestión catalana que las acusaciones sistemáticas que lanzan a Ciudadanos cada vez que éstos sacan el tema a relucir en el parlamento regional. No sé en qué mundo viven Armengol, Tarrés o Melià Jr, pero la cuestión catalana –y su inevitable relación con Baleares por obvias razones– no es ninguna “obsesión” de C’s: es la “obsesión” de toda España. Basta ojear la prensa escrita o digital, encender la televisión, navegar por la red o parar la oreja en las tertulias de café para percatarse de que la cuestión de Cataluña es uno de los grandes temas que sí preocupan a los españoles y que va tener una incidencia directa en el resultado del próximo 20 de diciembre. Para estupor de Armengol y Jaume Font, la nación española sí importa… a los españoles. Otra cosa es que, federalismos aparte, a los socialistas no les interese hablar del tema debido a su proverbial ambigüedad e indefinición y a la asistencia –traicionando la historia de su partido– que siempre han dispensado a los separatistas, desde Rodríguez Zapatero pasando por los ejecutivos de todos los Pactes de izquierda que ha habido en Baleares. Lo mismo le sucede al PI de Jaume Font que empezó su andadura afirmando su españolidad y la defensa del marco autonómico y que ha terminado votando dos veces contra la unidad de España y la Constitución en la cámara balear. Dos veces. Todavía me pregunto cómo los candidatos al Congreso Socías y Font van a explicar a sus respectivos votantes semejante fechoría, más allá de la politiquería de corto recorrido y la excusa de la “estrategia” diabólica de Ciudadanos de ponerlos en falta, como si la política no consistiera, precisamente, en eso. Por eso, socialistas y pineros no quieren ni oír hablar del tema y acusan a Xavier Pericay y Olga Ballester de estar “obsesionados” con Cataluña. No se sienten cómodos, conscientes cómo son de que son los cómplices necesarios para seguir engordando a los quintacolumnistas del separatismo catalán en Baleares. De ahí las “obsesiones” que atribuyen a los demás cuando les piden que se mojen.

Armengol, una mujer de Estado. La irreflexión y la proverbial pereza para pensar que distingue a la mayoría de nuestros políticos les pueden jugar a veces malas pasadas. Armengol, esta profesional de la política que lleva veinte años repitiendo las mismas cantinelas, letanías y sonsonetes, defendió este martes la reincorporación de Baleares en el Instituto Ramón Llull para defender el catalán en el exterior junto con la Cataluña separatista por “una cuestión de Estado”. Una cuestión de Estado, nada menos. Seguramente lo dijo como una coletilla más de su amplio repertorio sin meditarla siquiera. Considerar algo como “una cuestión de Estado” significa apartar el tema del debate político y volver a la gloriosa unanimidad de la paz lingüística y al silencio de los corderos. Claro, Xavier Pericay aprovechó el desliz de la presidenta para lanzarle la pertinente pulla: “−¿y de qué Estado?”, pregunta a la que, naturalmente, no respondió la nacionalista del PSIB. La pregunta no es baladí. Recientemente el conseller catalán de Cultura, Ferran Mascarell, aseguraba que el Ramon Llull tenía como objetivo conseguir la “proyección internacional que le conviene a Cataluña como país”. Y el director del propio instituto, Àlex Sussana, se refería a él “como uno de los instrumentos de Estado más eficaces” de Cataluña. La pancatalanista Armengol sigue jugando con fuego mientras sigue ofreciendo a los separatistas la receta “federalista” como la solución mágica para frenar la disgregación territorial a la que ella, como su partido, nunca ha dejado de contribuir de forma solapada. Fer i callar. Una receta etérea, la federalista, que todavía no sabemos en qué consiste pero que forma parte, como sus “cuestiones de Estado”, de la lengua de madera de la nacionalista del PSIB. Armengol, toda una mujer de Estado.

Amalgama por contagio. Según todos los estudios demoscópicos, los españoles sitúan a C’s en el centro del eje derecha-izquierda, entre PP y PSOE. Hay que remontarse a la UCD y al CDS para encontrar un partido que los españoles situaran en el centro-centro de la política nacional. No es una opinión personal, es un hecho demoscópico. Sin embargo, algunos periodistas encuadrados en las filas del nacionalismo insisten en situar al partido de Albert Rivera en la ultraderecha, al identificar la defensa sin reservas de la unidad de España y la Constitución, algo que compartimos el 80% de los españoles, con el franquismo, el falangismo o la ultraderecha. En gran parte, el éxito del catalanismo en Cataluña, Valencia y Baleares ha consistido precisamente en esto, en emparentar, cuarenta años después, a los defensores del bilingüismo, de los derechos de los castellanohablantes y de la unidad de España –o sea, a sus máximos rivales ideológicos– con Francisco Franco. El historiador francés Jean Sévillia acuñó el término “terrorismo intelectual” para referirse a estas burdas aunque efectivas identificaciones (“amalgamas”) para desacreditar al rival de turno, una técnica que el antifascismo de los años treinta del siglo pasado (con Willi Münzenberg de propagandista de Josef Stalin) explotó hasta la saciedad. Algunos de nuestros periodistas (hace semanas veíamos a Marcelo Pich) siguen en lo mismo. Se trata, además, de un disparate histórico porque la realidad de la nación española y la preponderancia del castellano sobre el resto de idiomas nacionales no es obra del franquismo, como suele afirmar el catalanismo, sino de una evolución sociolingüística (en la que la política lingüística no ha tenido en España, ni de lejos, el peso que el catalanismo le atribuye, al menos si lo comparamos con otros países como Francia, Italia o Alemania) que abarca por lo menos los últimos cinco siglos, incluyendo entre ellos el período inmediatamente anterior: la venerable II República. No obstante, el nacionalismo sigue anclado en los mismos mapas mentales de siempre desde hace cuarenta años y sacando réditos de la pose antifranquista. Y no le ha ido mal.

No contento con la campaña feroz que, desde su tribuna diaria, hizo contra C’s en las autonómicas del pasado mes de mayo al presentarlo como un cuerpo extraño, forastero y “antimallorquín” (“peor que Bauzá”), el inefable Miquel Segura (Última Hora) sigue en sus trece en sus desesperados intentos de identificar C’s con la ultraderecha. La conversión de Segura al separatismo se ha acelerado desde que no se cobija bajo el manto protector del PP. En su afán por fascistizar a C’s, a Pericay y a Rivera, el antaño periodista de cámara de Rosa Estaràs ha echado mano de una fórmula curiosa que podríamos acuñar como “amalgama por contagio”. La técnica de la “amalgama” (en literatura la llamaríamos “metáfora”) utilizada en política consiste en identificar dos objetos simplemente por analogía, porque tienen algún rasgo similar. Se trata de una falacia (coger la parte por el todo) que encanta a los débiles mentales que se dejan engatusar por estos sofismas de andar por casa. El razonamiento de Segura es rocambolesco y es una muestra del pensamiento circular al que viven encadenados los nacionalistas. El pasado martes Segura nos informaba de que la candidatura municipal de Ca’n Picafort Unit de Santa Margalida “afín al PP se había ofrecido en bloque a C’s de cara a las inminentes elecciones generales”. Sin especificar en qué consistía esta oferta “en bloque” (sic) para unas generales, Segura afirmaba que los concejales de Ca’n Picafort Unit bordearían “la delgada línea azul que separa la derecha moderna de los ultras pseudo joseantonianos”. Las intenciones de Segura saltan a la vista: como C’s estaría atrayendo a “ultras pseudo joseantonianos”, C’s sería también “joseantoniano”, eufemismo que significa falangista. Lo dicho, una “amalgama por contagio” que no tiene otro objeto que extender la sombra de la sospecha sobre C’s, una tarea a la que está dedicándose en cuerpo y alma el escritor pobler con un encomio, ciertamente, digno de mejor causa.

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Publicat a El Mundo-El Día de Baleares, es 5-12-2015.

La semana pasada el filólogo de la UIB, Joan Melià, presentaba en Can Alcover el Informe sobre l’estat de la llengua catalana 2014, un estudio anual financiado por el Institut d’Estudis Catalans. Como sabemos, este tipo de informes dan por sentado que “el contexto sociopolítico es fundamental para evaluar el uso del catalán en cada área administrativa”. El “contexto sociopolítico” no significa otra cosa que el poder político, convencido como está el catalanismo de que la normalización del catalán depende, única y exclusivamente, de las políticas lingüísticas que impulsen los distintos gobiernos baleares, valencianos y catalanes. Esta fe absoluta en la Administración como responsable última para salvar un idioma es una idea central que recorre toda la sociolingüística catalana. Se trata de una idea implícita tan asentada, tan intímamente asumida por parte de los sociolingüistas como Melià, que ninguno de ellos se plantea cuestionarla. El progreso y el retroceso en los usos sociales de la “lengua minorizada” dependerían en última instancia del gobierno de turno, de sus políticas lingüísticas, de la promoción pública de esta lengua. Del mismo modo que critican a Bauzá por “ir contra el catalán”, alaban a Armengol por “ir a favor”. En cualquier caso, el uso del catalán en la calle es, en su opinión, responsabilidad de las leyes, de las políticas lingüísticas y de los tribunales. Del poder, en definitiva.

Como ha señalado el profesor de la Universidad de Valencia, Guillem Calaforra, esta mentalidad estatista, dirigista, intervencionista y de fe absoluta en la Administración forma parte “del sentido común implícito y no cuestionado, inmune a la crítica por cuanto polariza las posiciones” de los sociolingüistas catalanes. Calaforra afirma que esta mentalidad ha sido reforzada por la simbiosis e interdependencia –asentada en un acuerdo tácito entre ambos– entre los planificadores lingüísticos (políticos como Esperança Camps, Damià Pons o Martí March) y los sociolingüistas comprometidos con la causa, como Melià o Gabriel Bibiloni. Así pues, la mayor parte de la investigación de la sociolingüística catalanófona partiría de unas premisas innegables como serían la fascinación por el poder, la interpretación cíclica de la historia o el origen coactivo (sólo desde el poder puede cambiarse algo) de los cambios sociolinguísticos. Esta cratolatria (palabreja que significaría algo parecido a “fascinación o divinización del poder”) se basaría en cuatro principios que Calaforra desnuda así: 1.- el uso de las lenguas minorizadas sólo avanza o retrocede en función de las decisiones políticas y la estructura legal existente; 2.- en consecuencia, la estructura política y jurídica determina el repertorio y la configuración funcional de las comunidades lingüísticas; 3.- en consecuencia, la ambición unidireccional de los planificadores lingüísticos o normalizadores se centra en el acceso a los tres poderes (ejecutivo, legislativo y judicial); y finalmente 4.- la responsabilidad de las diversas situaciones sociolingüísticas recae en los titulares del poder social en cada momento concreto.

Calaforra pone el dedo en la llaga cuando afirma que la sociedad sería para los Melià, Bibiloni, Pons, Camps o March como un ente “natural” que se mueve ciegamente en la dirección que le marca el poder. “Si persiste y agudiza la minorización [del catalán] es porque ‘no hay voluntad política’ Si por el contrario, se alcanza a frenar espontáneamente el ritmo de la sustitución lingüística sin intervención efectiva del poder, éste se apropiará de la responsabilidad y presentará los resultados como un éxito de la política lingüística institucional. Los dos casos tienen en común, no obstante, que la atención se centra en las actuaciones del poder como origen último del comportamiento lingüístico”, puntualiza el profesor valenciano. El efecto lógico de este modo de ver las cosas es la conquista y la colonización del poder a las que se dedican en cuerpo y alma las falanges catalanistas, unas élites extractivas siempre en movimiento sin otro objeto que apropiarse de los recursos y los resortes de la Administración. Sin el poder –subvenciones, plazas de funcionario, leyes, universidad– no son nada. Hablar de catalanismo y de poder público es hablar de la misma cosa.

Una idea falsa. Esta fascinación por el poder como único responsable de la suerte última de una lengua (Gabriel Bibiloni, sin ir más lejos, cree que las lenguas son un producto de la política y la historia) es una idea cuando menos cuestionable que poco tiene que ver con la realidad puesto que deja de lado un elemento básico de la sociedad: la libertad de elección de los individuos de una comunidad lingüística. O sea, la libertad individual. De creernos a los normalizadores, el franquismo –caracterizado por sus “ataques al catalán”– debería haber erradicado el catalán. Si Melià hubiera tenido ocasión de hacer un estudio en 1975 de los que ahora suele hacer gracias a la ayuda del IEC y la UIB, dicho estudio hubiera arrojado que el 95% (si no más) de los mallorquines sabían hablar y utilizaban mayoritariamente el mallorquín. Tampoco serían ciertos los disparates que etziba Bartomeu Sureda ‘Balutxo’ cuando, en relación a la Guerra de la Sucesión, dice que “se siguió la misma persecución de la lengua catalana que la efectuada contra los idiomas americanos. Pura opresión colonial” (conferencia en el Consell de Mallorca, setiembre de 2015). O la “opresión colonial” fue absolutamente ineficiente en nuestro archipiélago o Balutxo miente más que habla. Por mucho que nuestros nacionalistas quieran remontarse a los Decretos de Nueva Planta de Felipe V o al franquismo, lo que es un hecho incontestable es que nunca el catalán había retrocedido tanto como lo ha hecho en plena autonomía, bajo el paragüas de la ley de normalización de 1986 y después de adoptar la inmersión de facto en las escuelas. Que a día de hoy sólo el 35% de los baleares usen normalmente el catalán pone de manifiesto dos cosas. La primera, que la normalización se ha saldado con un rotundo fracaso. Y la segunda, que la planificación lingüística impuesta desde las alturas no tiene los efectos salvíficos para el idioma en que cree el catalanismo. Y eso no ocurre sólo en Baleares, también en Cataluña. Si uno se pasea por el área metropolitana de Barcelona observará cómo el uso del catalán está bajo mínimos, como ocurre actualmente en Palma. Uno puede autoengañarse todo lo que quiera, las ideologías son en definitiva eso, puro autoengaño, pero los hechos son los hechos.

Entiendo que esta cruda realidad sea muy dura para los planificadores lingüísticos y todos los que de un modo u otro viven del catalán. Pero los hechos son los hechos. Tal vez no pueda hacerse nada (o muy poco) desde el poder cuando los individuos deciden abandonar una lengua y adoptar otra con mayores externalidades, que dicen los economistas. Tal vez hemos estado perdiendo recursos y tiempo tratando de salvar una lengua que –como tantas otras– estaba condenada a largo plazo. Tal vez la forma de implementar la normalización ha sido la equivocada, buscando más la imposición que la seducción. Todas estas dudas serían una hipótesis de trabajo para unos sociolingüistas dignos de este nombre. No caerá esa breva. ¿Qué ha ocurrido para que el uso del catalán esté bajo mínimos cuando nunca antes lo habían apoyado tanto desde las instituciones? ¿Qué hemos hecho mal? ¿Se han convertido los catalanistas con sus actitudes totalitarias en los sepultureros inconscientes de lo que querían salvar? Treinta años después de la aprobación de la Ley de Normalización (1986) ya va siendo hora de que la clase política tome nota, pierda el miedo de hablar sobre estos temas y haga autocrítica. Salvo que crean que el problema no reside tanto en las ideas básicas del proceso normalizador como en la falta de agresividad de los gobiernos para imponerlas. A fin de cuentas, también los palafreneros de última hora de la idea comunista creían que el problema del comunismo no residía en sus principios sino en su errónea aplicación. Si es así, ya sabemos lo que nos espera.

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Article publicat a El Mundo-El Día de Baleares, es 28-11-2015.

El PP no ha tocado fondo en Baleares. A tenor del devastador sondeo publicado el domingo pasado en Última Hora, el PP no deja de perder apoyos electorales en favor de C’s, la misma tendencia que se observa en toda España. Según esta encuesta, el partido de Albert Rivera ya sería el primer partido en intención de voto directo de Baleares y, a un mes escaso de las generales, estaría en condiciones de disputar la hegemonía al PP y PSOE en las Islas. Mucho me temo que el giro “regionalista” –una etiqueta eufemística que no significa otra cosa que la genuflexión ante el catalanismo, en la línea de la cobarde Nuria Riera– que ha querido imprimir Vidal a su formación después del Waterloo del 24 de mayo está coadyuvando al nuevo descalabro que se avecina. Es cierto que en unas elecciones generales se vota en clave nacional. Ahora bien, la tendencia a la baja del principal partido en la oposición frente a un nefasto tercer Pacte de Progrés sólo se explica porque parte del electorado más fiel a los populares –esos que, en opinión de sus dirigentes, pueden ser traicionados sin temor ya que siempre les votarán– se esté marchando a C’s.

El PP balear leyó muy mal el resultado del 24-M al secundar la interpretación que más convenía a las terminales catalanistas, convencidas, por interés y narcisismo, que habían derrotado a Bauzá gracias al TIL y a su política lingüística. Puro reduccionismo voluntarista. Los jerifaltes populares se creyeron a pies juntillas los análisis interesados según los cuales el adversario a batir que les podía quitar votos era el PI de Jaume Font y no C’s de Xavier Pericay, al que menospreciaron al día siguiente. Nadie quiso ver que el PI apenas había sacado lo que en 2011 habían sacado Font y Convergència de Melià Jr. por separado, algo más de lo que venía sacando Munar con UM. Sin embargo, la solución para los “regionalistas” del PP para recuperar el voto perdido pasaba por acercarse ideológicamente al PI de Font, Pastor y Melià mientras C’s se los comía por los pies con un mensaje firme contra el nacionalismo adoptado por el tercer Pacte de Progrés. Miquel Vidal, ese hombre sin atributos, está llevando al PP hacia el despeñadero con el aplauso encendido de todo el catalanismo −que nunca va a votar al PP pero que necesita a un PP domesticado, servil y sumiso para seguir avanzando− que ve posibilidades de volver a hacerse con el control del todavía principal partido de Baleares y volver a los tiempos de paz lingüística y silencio de los corderos que caracterizaron las épocas de Gabriel Cañellas, Tòfol Soler, Tito Fiol y Jaume Matas. El Procés catalán ha abierto los ojos a todo el mundo que ya sabe a ciencia cierta qué se oculta detrás del catalanismo lingüístico y cultural, esta “política disfrazada de cultura”, como siempre ha reconocido la OCB. Y es que los proyectos “culturales” nunca son inocentes a largo plazo. Muchos ciudadanos ya no se resignan al mal menor que representaba el PP. Que Dios conserve la vista a sus dirigentes, que buena falta les hace.

Ordinalidad. Cladera y Armengol se están quedando sin argumentos para defender el supuesto agravio en financiación autonómica que sufrimos los ciudadanos de Baleares. La de Sa Pobla ha pasado de asegurar que “estábamos por debajo de la media” a decir que “estamos por debajo” sólo en “inversiones del Estado”, o sea, las que hace el Estado en Baleares a cargo de los Presupuestos Generales del Estado, un asunto que nada tiene que ver con el modelo de financiación autonómica. Por su parte, la inquera sigue insistiendo en que necesitamos una financiación “más justa” pero apenas bosqueja en qué consiste esta etérea justicia de la que habla. En una estupenda entrevista que le hace Miquel Payeras en la revista separatista El Temps, Armengol afirma que “algunas cláusulas” del sistema de financiación se han interpretado de tal modo que han perjudicado los intereses baleares. Algunas cláusulas… El tono de su discurso victimista, como vemos, ha bajado unos cuantos decibelios en cuanto le han puesto encima de la mesa los datos del Ministerio de Hacienda que sitúan en la media la financiación per cápita de Baleares. Sin embargo, la presidenta insiste en que “somos los peor financiados en Sanidad y Educación por persona” olvidando que, en última instancia, es la cámara balear la que decide, en los presupuestos autonómicos de cada año, donde se destinan los recursos de los que dispone, entre ellos los que llegan de la financiación autonómica. Armengol, además, se atreví a negar los datos anuales del Ministerio de Educación que ponen de manifiesto que el coste de la educación per cápita en Baleares –en la ratio de profesores por alumno, sin ir más lejos– está en la media nacional. Finalmente, Armengol se saca de la chistera el manoseado argumento de la “ordinalidad” que los catalanes han esgrimido durante lustros. “−No puede ser que seamos los terceros en aportar y los séptimos a la hora de recibir, esto es injusto”, se queja la presidenta. Armengol no entiende o no quiere entender que la solidaridad entre territorios es fruto de la solidaridad fiscal de los individuos y que no es ninguna anomalía que las familias, los barrios, las comarcas y las regiones con una mayor concentración de rentas altas y mayor crecimiento económico aporten más de lo que reciben. Algo que una socialdemócrata como ella ni siquiera debería cuestionar, habida cuenta de que la redistribución de la riqueza es la columna vertebral del socialismo. Armengol debería saber que en la trastienda del debate para cambiar el modelo de financiación los tiros no van por ahí sino en otra dirección. La solución que se está barajando parte de la premisa de que las autonomías deben ser mucho más corresponsables a la hora de recaudar los impuestos y se habla de cederles íntegramente un impuesto fuerte como el IRPF. Lo que se persigue es que, además de exclusivas centrales de gasto que es lo que son ahora, las comunidades autonómas sean también centrales de ingresos para que sus políticos paguen en las urnas su derroche y sus incumplimientos del déficit. De este modo, se terminaría con el cansino lloriqueo del “Madrid me mata” no sólo de las Islas, también del resto de comunidades que, al igual que nosotros, van “sobrados” de argumentos para quejarse de que no llegan a fin de mes.

Fuera del Ramón Llull. Una de las informaciones más relevantes que aparecen en la entrevista de Payeras a Armengol es que, contrariamente a todos los anuncios del Govern y de su consejera de Cultura, la menorquina Esperanza Camps, las Islas Baleares no se van a integrar finalmente en el Instituto Ramón Llull del bracito de Artur Mas y sus secuaces. Sabia decisión. Al parecer, el Govern balear ha dado marcha atrás en su pretensión original de incorporarse en el Llull para promover conjuntamente la cultura catalana en el exterior junto a la Generalidad separatista, más aislada que nunca. El Govern sólo “colaborará” con el Llull, nada más. A buen entendedor…

LLUCIA SASTRE. Aquest passat dilluns vaig tenir s’oportunitat d’assistir a sa presentació des primer traductor automàtic castellà-mallorquí, ideat i posat en marxa per sa Fundació Jaume III.

Tenc una petita empresa molt vinculada an es sector primari de sa nostra illa, i a pesar que es nostros proveïdors se troben repartits per tota sa nostra geografia nacional, es nostros clients són eminentment mallorquins, i sa seva llengua materna és sa mallorquina.

Sempre he estat una dona emprenedora, i com a tal, no dubt a posar messions per una eina que veig útil pes meu negoci, en definitiva, útil pes meus clients.

A sa meva etapa educativa he rebut tota sa meva formació en castellà i posteriorment he realisat cursos de llengua catalana, es problema és que a ses diferents etapes de sa vida de s’empresa hem realisat sa comunicació escrita externa, o bé en castellà, o bé en català, però amb cap de ses dues opcions m’he sentit plenament còmoda, ja que me sentia estranya en comunicar oralment en una llengua i de forma escrita en una altra. I efectivament he dit me sentia, perquè a partir d’aquest passat dilluns, i gràcies an es traductor, hem decidit comunicar en mallorquí. Com deia es meu vell professor de s’escola de comerç, “A s’hora de vendre, sempre que puguin ho facin en sa mateixa llengua en sa que xerra es seu client, i ses probabilitats d’èxit creixen exponencialment”.

I aquí, amb sa seguretat que m’aporta es traductor, i sense por, vos deix es meu primer escrit en mallorquí, es mallorquí des meus padrins, i es mallorquí que desig pes meus néts.

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Carta publicada a mallorcadiario.com, es 30-11-2015.

Ha estat notícia aquests dies sa proposta de Proposta per les Illes(PI) per “tornar an es consens” sobre sa Llei de Normalisació Lingüística (LNL) que suposadament existia entre tots es partits abans de s’arribada de José Ramón Bauzà. Lo més curiós d’aquesta proposta, emperò, és constatar que finalment es PI, però també una part important des PP, han acabat acceptant tota sa mitologia que s’ha inventat es catalanisme entorn de sa LNL aprovada l’any 1986. Lo mateix ha passat amb so Decret de Mínims (1997) aprovat per Jaume Matas. Es PI –hereu ideològic, en part, d’aquella Unió Mallorquina que se solia presentar amb AP a ses eleccions– i es PP no tenen memòria històrica i per això convendria recordar-los una sèrie de coses fonamentals que ha enterrat sa propaganda que s’han begut.

Sa LNL i es Decret de Mínims varen ser normatives aprovades pes PP (abans, AP) amb tota sa bona intenció del món però que, desfigurades en sa seva aplicació, s’han acabat convertint en eines des catalanisme que les ha aprofitades per anar avançant en tres direccions: eliminar es castellà i ses modalitats insulars des món oficial i escampar es sentiment de catalanitat entre es balears amb uns objectius clarament polítics des quals ara en tocam ses conseqüències. En realitat, ni sa LNL ni tampoc es Decret de Mínims varen nèixer amb aquests objectius, al contrari. Qualsevol que estudiï ses reaccions que s’aprovació d’aquestes dues normatives provocaren dins es món nacionalista (PSM, OCB, UIB) observarà que no eren santes de sa seva devoció.

Efectivament, mentres Xisco Gilet, conseller de Cultura des primer Govern Cañellas, defensava a sa tribuna parlamentària (1986) que s’unitat des català no era lo mateix que sa seva uniformitat i feia una defensa encesa de ses modalitats insulars, una posició que era lògica a un partit que tres anys abans –durant es debat estatutari, 1983– havia proposat anomenar sa llengua com a “llengua de ses Balears” perquè sabia ses intencions polítiques que hi havia darrere sa denominació de “català”, sa Comissió Tècnica de sa Normalisació Lingüística que s’havia creada ad hoc per implementar sa LNL, comissió en mans de catalanistes com Janer Manila, Joan Miralles i Joan Alegret, se manifestava en sentit contrari ja que ni els passava pes cap fomentar cap modalitat. Tampoc s’OCB o en Damià Pons, qui se va referir a sa LNL com “un projecte polític d’intencions genocides”. Es catalanisme no estava d’acord amb una normativa que defensava es català, sí, però, alerta, no el defensava per laminar es castellà ni tampoc ses modalitats insulars. S’acord tàcit dins es PP i UM era que s’havia acceptat –de mala gana– s’unitat des català a canvi de respectar ses seves modalitats illenques: mallorquí, menorquí i eivissenc. Això era lo fonamental: defensar sa nostra singularitat lingüística, s’anomenàs com s’anomenàs. Qui va rompre aquest acord no escrit fou es nacionalisme que no dubtà a grenar pro domo sua.

¿Què ha passat perquè sa LNL i es Decret de Mínims ara siguin santificats pes nacionalisme maldament ses seves resistències inicials? ¿Què ha passat perquè sa LNL i es Decret de Mínims siguin ara condemnats per ses bases de sa formació responsable d’haver-los aprovat? Lo que ha passat és que sa seva aplicació pràctica i concreta no ha tengut res a veure amb s’esperit amb què varen néixer. Es catalanisme, en mans des qual va caure sa seva implementació pràctica, ha desfigurat aquestes dues normes, les ha interpretades an es servici des seus interessos perquè sabien que només ells eren experts en llengua i només ells estaven en condicions d’aplicar-les. En realitat, es nacionalisme només era expert en això, en llengua. Eren ets únics entesos en sa matèria gràcies a s’autoritat divina de sa UIB.

S’error d’AP no va ser, per tant, sa LNL en si mateixa, sinó haver entregat sa seva aplicació an es nacionalisme –tan deslleial– que se’n va aprofitar. Per fer-se’n una idea de com es catalanisme s’apropià tot d’una de sa LNL per posar-la an es servici des seus interessos, tenim ses declaracions de tot un referent des catalanisme de Balears com era Josep Melià Sr. En unes declaracions públiques molt controvertides fetes a El Mirall, Melià se’n feia creus que es mestres de català emprassin s’idioma per “fer patriotes”. Amb això, en lloc de simpaties se creaven enemics, deia Melià. S’exministre franquista se queixava dets “errors estratègics del nacionalisme” a s’escola, que “han vacunat la nostra joventut no només contra la lectura del llibre en català sinó contra l’ús social de la llengua als carrers”. I això ho deia Melià, gens sospitós d’anticatalanisme.

Es gran error de Gabriel Cañellas va ser deixar en mans des catalanisme sa concreció pràctica de sa LNL, un error que ha reconegut més envant. En es famós llibre-entrevista que li va fer Jaume Sastre, Cañellas admetia que “després de sa unitat lingüística ve un intent de dominació més àmplia”, o que s’OCB “és un intent de penetració total i absoluta, un instrument en mans des catalanisme cultural per arribar tan enfora com els deixin”. En aquesta línia s’ha manifestat darrerament Cañellas, defensant quan era massa tard unes modalitats insulars que no va sebre defensar com pertocava quan era hora. Es PP d’en Vidal, na Prohens, en Sagrera, en Company i en Sansaloni haurien de prendre llum de na Pintora. Regionalisme no és agenollar-se davant es catalanisme pes qual no som más que un apèndix de Catalunya, sinó començar a bastir una alternativa identitària, simbòlica, històrica i lingüística de Balears que tengui com a punt central sa defensa des mallorquí, menorquí i eivissenc. No s’equivoquin una altra vegada.

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Article publicat a El Mundo-El Día de Baleares, es 6-11-2015.