EL MARTES pasado, la Fundació Jaume III de Mallorca presentaba las conclusiones de sus cuatro meses de andadura. Entre sus objetivos, el principal, dignificar el mallorquín, conseguir que deje de ser un dialecto, en el peor sentido de la palabra, restringido al espacio familiar o coloquial e indigno de ser utilizado en el ámbito académico, formal o administrativo. Al mismo tiempo, recuperar aquellas expresiones, vocablos, y modismos, que se van perdiendo y que, si no lo evitamos, pronto se convertirán en arcaísmos de
los que sólo algunos tendrán memoria.
Resulta paradójico que tras décadas de normalización lingüística, leyes y normativas diversas, recursos personales y materiales por parte de las Administraciones y millones destinados al mantenimiento de entidades, como la OCB, cuya única finalidad debía ser lograr esa normalización, sea necesaria, a día hoy, una fundación, que dé la voz de alarma sobre la situación de inferioridad en la que se encuentra nuestra lengua y pretenda, pese a todo, que no acabe desapareciendo.
Quizás es que todos esos recursos, no se han destinado a protegerla y mucho menos, a darla a conocer sino que se han dedicado precisamente a todo lo contrario. No es el castellano el que amenaza nuestra lengua, sino el catalán estándar, y si hablamos de diglosia, ese término que ha justificado y justifica la inmersión y un estado de normalización lingüística inacabable, conviene recordar que su definición se ajusta, punto por punto, a la situación en la que se hallan el mallorquín, el menorquín o el ibicenco, con respecto al catalán estándar. Es decir, un escenario en el que coexisten dos lenguas (dialectos, modalidades, o llámeseles x) de las cuales, una se configura como lengua
de prestigio y la otra queda en posición subalterna. Esa variedad prestigiada, viene acompañada de los tratados gramaticales, ortográficos, manuales de estilo, diccionarios, de los que se presupone que carece la otra. Dicen los lingüistas que la diglosia precipita la muerte de las lenguas, por deslealtad lingüística de sus hablantes. Cierto. También se utiliza el término «autoodio» para expresar ese empeño en dejar de utilizar la lengua propia, en beneficio de otra a la que se considera superior.
Si todas esas entidades culturales y académicas creadas y mantenidas, para preservar nuestro patrimonio lingüístico, consideran que 30 años de normalización después, sus objetivos están lejos de conseguirse, lo lógico sería que tuviesen en cuenta esta realidad y modificasen su estrategia. No me juzguen ingenua: en ellas –y no lo esconden– lo filológico no es más que la excusa de lo político, y la lengua común –esa que ha convertido a las modalidades insulares, en mero argot familiar– es el principal elemento
de cohesión nacional. Ellos sabrán si les ha valido la pena vender la lengua de sus padres y de sus abuelos, en nombre de un ideario político y de una nación imaginaria.
Publicat a El Mundo-El Día de Baleares, el 27-3-2014
