Desde su irrupción como partido político, uno de los pilares fundamentales del discurso de Podemos se ha basado en el rescate de la democracia que debía devolverse a unos ciudadanos que, en su opinión, no estaban representados por una casta que la había secuestrado y puesto al servicio de sus intereses. Este diagnóstico, hasta cierto punto certero, ha dado paso a la idealización de la participación ciudadana como panacea a todos nuestros males. La democracia participativa era el eje en torno al que debía girar toda la vida en España, al menos la política.
Como sabemos, toda esta «democratitis» aguda ha sido orillada a la hora de la verdad, en nombre, claro está, del interés supremo del partido. La elección del juez Juan Pedro Yllanes como cabeza de lista de Podemos al Congreso sin pasar por ningún proceso democrático interno certifica la muerte de la democracia interna que tanto había pregonado Podemos en sus albores. Semejante incoherencia se explicaría por una estrategia de partido. El partido de Pablo Iglesias andaba de capa caída y necesitaba estímulos como el sonado fichaje del juez -antes lo habían intentado con el juez Castro- para remontar en las encuestas. Y parece que lo han conseguido aunque a un alto precio: la traición a los principios que dieron sentido al alumbramiento de Podemos al calor del espíritu del 15-M y su «no nos representáis» lanzado al rostro de la casta. La evolución de Podemos en apenas año y medio ha demostrado que el partido anti-casta se ha convertido en un partido más de la casta.
Presupuestos participativos. El Pacte de Cort selló a última hora un programa de gobierno que decía textualmente que «impulsaremos los presupuestos participativos; el primer año se llevarán a cabo mediante audiencias sectoriales». A mediados de noviembre, el edil de Economía y Hacienda, Adrián García, admitía que los presupuestos de 2016 no serían participativos. Un jarro de agua fría. Por si fuera poco, dicho incumplimiento reviste más gravedad si cabe al no haber aceptado el equipo de gobierno apenas ninguna enmienda del PP y C’s en la oposición. No resulta creíble la promesa de consultar a los ciudadanos cuando ni siquiera se muestra buen talante para aceptar enmiendas de los partidos en la oposición que, recordemos, representan a decenas de miles de palmesanos. ¿En qué quedamos? Pasar el rodillo y al mismo tiempo presentarse como adalid de la participación ciudadana es un contrasentido. Si de verdad creen en el diálogo fructífero, deben demostrarlo en cada sesión plenaria, no dejarlo para la tierra prometida de la democracia perfecta que los podemitas dicen querer construir. Por supuesto, no hay que desesperar. García nos ha prometido que, si bien la elaboración de los presupuestos no ha sido participativa como se esperaba, sí lo será su «ejecución». Que me expliquen cómo.
La consulta des Born. Entretanto, el Pacte de Cort está ultimando los pormenores para llevar a cabo una consulta sobre la conveniencia de mantener o no las terrazas en Es Born, una consulta inocua y que no responde, en absoluto, a los deseos de fomentar la democracia participativa. En efecto, la consulta es una forma de camuflar la suma incompetencia de un tripartito dividido que no se pone de acuerdo y con un miedo atroz a tomar decisiones que puedan afectar su popularidad. Si de verdad quisieran fomentar dicha participación la aplicarían también a otras cuestiones que, por su naturaleza y por la controversia generada, podrían ser de algún interés para los ciudadanos, como el derribo de Sa Feixina, la declaración de Palma como ciudad antitaurina, la subida de las tarifas de los aparcamientos municipales o la implantación de la ecotasa, por poner algunos ejemplos sin pretensión de agotarlos. El Pacte utiliza la consulta como remedio para no gobernar, o sea, para no tomar decisiones, que en eso -y en las críticas inherentes que conllevan- y no en otra cosa, consiste gobernar.
Democratitis inviable. Uno estaría tentado a pensar que, más allá de su nula o errónea aplicación, la participación ciudadana es un valor en sí mismo que merece ser propagado a cualquier ámbito de la vida política, económica o social. No creo que sea así. Sin profundizar en un debate que nos llevaría a la esencia misma de la propia democracia y a los conceptos de libertad positiva y negativa, una discusión que pensadores liberales como Hayek, Aron o Berlinhan tratado en detalle, sólo voy a referirme a dos razones que cuestionarían el sueño de la participación ciudadana. En primer lugar, los liberales siempre hemos creído que el propósito fundamental (y mayor logro) de la democracia moderna es la libertad para que los individuos promuevan sus propios proyectos vitales sin (o con la menor) interferencia del Estado. No queremos más Estado, sino más sociedad y mercado. En vez de votar más y más y con ello permitir que porciones crecientes de nuestras vidas sean reguladas por la voluntad arbitraria de mayorías electorales -sean directas o representativas-, lo que los liberales defendemos es poder vivir la vida con autonomía y al amparo de la opinión de las mayorías. Este es el significado de «derecho fundamental» o de «libertad negativa». Sin ir más lejos, como restaurador de Es Born lo que yo defiendo es mi derecho a tener una terraza, no que el resto de palmesanos decidan si puedo tenerla o no. De ahí que los liberales nos situemos contra el imperialismo democrático que trata de extender la democracia a todos los ámbitos imaginables. Lo primordial en una democracia liberal no es votar ni participar sino proteger a cal y canto esta esfera de libertades individuales en la que el Estado (ni la opinión mayoritaria) no se atreva a inmiscuirse.
La segunda razón la apuntaba hace unos meses el economista Juan Ramón Rallo: el sistema de participación ciudadana no es viable por una cuestión de incentivos. Rallo, citando a su vez a Anthony Downs, exponía que «la racionalidad de todo votante debería llevarle a no votar: el coste de votar medianamente informado es alto, pero los beneficios que obtiene por votar son cuasi nulos». En efecto, el coste de estar informado de todo -y esto es lo que, no olvidemos, se exige al ciudadano de una democracia asamblearia, como la Atenas clásica o las repúblicas idealizadas por Arendt o Petit- es muy alto, demasiado alto a cambio de unos beneficios irrisorios en términos de influencia electoral (un voto entre todo el cuerpo de electores). Uno invierte mucho tiempo, dedicación y esfuerzo para empaparse de los temas y tener una opinión formada sin obtener a cambio ningún beneficio que no sea su satisfacción personal o autorrealización.
Esta es la razón de fondo por la que los famosos círculos de Podemos han ido perdiendo fuelle poco a poco. Hasta el punto de que la concejal de Som Palma, Aurora Jhardi, se refirió a Podemos como un «enfermo terminal» puesto que los «círculos se están desmantelando, se están quedando vacíos», tal como publicó este periódico (22/10/2015). Mi experiencia política me confirma esta misma realidad que no podemos soslayar. Pese a los sistemáticos llamamientos que desde todos los partidos se hacen a los simpatizantes y a las bases, la participación suele brillar por su ausencia a menos que exista algún interés en ocupar algún cargo remunerado. Como vemos, el incentivo verdaderamente motivador es distinto del mero triunfo desinteresado de unas ideas en la arena pública. En efecto, la gente se cansa de votar y participar porque hacerlo en propiedad significa informarse continuamente y vivir prácticamente por y para la política, el arquetipo de ciudadano con el que han soñado tantos idealistas del «agora» ateniense y de las repúblicas cívicas pero que, dada la complejidad de la política moderna, se me antoja como un ideal anticuado, por muy bello que nos parezca.
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Article publicat a El Mundo-El Mundo-El Día de Baleares, es 12-12-2015.