El Govern de Baleares ha decidido un año más incumplir el objetivo del déficit previsto para el 2015. Si en 2014 el “neoliberal” y “austero” José Ramón Bauzá lo dejó en un 1,7% cuando estaba obligado a dejarlo en el 1%, Armengol no le anda a la zaga y lo va a dejar en un 1,5% cuando debía dejarlo en el 0,7%. Es cierto que en defensa de la socialista hay que decir que los presupuestos de 2015 los aprobó un Bauzá que en julio se había fundido más del 1% de déficit, superando en apenas medio año lo permitido para todo el año (0,7%). En lugar de apretarse el cinturón en lo que queda de ejercicio para tratar de aproximarse al objetivo del 0,7%, Armengol ha decidido sumarle casi medio punto más, anunciando que lo dejará en el 1,5% o más. Estamos en manos de unos manirrotos que no dudan en perjudicarnos a todos a cambio de sus intereses electorales.
Armengol, Cladera y Carrió deberían meterse en sus lindas cabecitas que el déficit no es ningún derecho para gastar más. Cuando se van a Madrid a mendigar medio punto más de déficit, o cuando aquí deciden aumentarlo con la excusa de que el anterior Govern no les ha dejado margen de maniobra, los ciudadanos no deberían olvidar que el déficit no lo acaba pagando Rajoy, ni el resto de españoles, ni tampoco Armengol. El déficit lo terminamos pagando todos nosotros, los baleares, contribuyendo a disparar nuestra deuda autonómica que ya debe rozar los 9.000 millones de euros, la tercera parte, aproximadamente, de toda la riqueza que generan nuestras islas en un año. Y que engrosar la bola de nieve de la deuda significa que en los próximos presupuestos tendremos que pagar más para amortizar deuda y pagar intereses mientras contamos con menos dinero para educación, sanidad y servicios sociales. Afirmar que no se pueden recortar más los derechos sociales de lo que ya se han recortado no es ninguna razón de peso para alargar el déficit. Sabemos que los políticos siempre encuentran grandes razones para disparar con pólvora de rey, aunque sea para reabrir inútiles organismos una vez pagado el coste político de haberlos eliminado, como el Consell Econòmic i Social (CES), el Consell de Joventut –una cantera de políticos, activistas y sindicalistas– o el Consell Social de la Llengua Catalana, un organismo en manos de catalanistas exaltados a los que vuelve locos elaborar planes de normalización lingüística meticulosos y exhaustivos con miles de acciones sobre cómo volver a una supuesta “normalidad” lingüística que nunca ha existido ni existirá jamás.
Repensar Mallorca. Los nacionalistas de Més han entrado en las instituciones como un elefante en una cristalería de Bohemia. Ayunos de un programa realizable, alegran a su ideologizada parroquia denigrando los símbolos y las normas vigentes y haciendo gestos teatrales. No dan más de sí. Miquel Ensenyat, presidente del Consell de Mallorca, no ha tenido otra ocurrencia que anunciar una campaña de participación ciudadana para cambiar la fecha de la Diada de Mallorca. Ensenyat afirma que el 12 de septiembre “no ha arraigado”, entre otros motivos porque su elección fue “política”, dando alas a la pretensión de la OCB y de Última Hora de trasladarla al 31 de diciembre, el año cero según nuestros catalanistas, cuando recibimos las aguas lustrales del bautismo e ingresamos en la gran familia catalana. Se trata de una reclamación histórica del PSM que los partidos con representación en el Consell han venido rechazando hasta ahora. Mientras que el 31 de diciembre de 1229 conmemora una auténtica carnicería a manos de las huestes del rey de Aragón, el 12 de septiembre de 1276 evoca la carta de libertades –una especie de carta protoconstitucional en la medida en que acota los abusos del poder real y establece los “derechos” de sus súbditos– que concede Jaime II a los mallorquines, una efeméride más civilizada y sin lugar a dudas más pacífica que la conquista cristiana de 1229. Causa estupor el doble rasero del catalanismo: mientras los catalanes reclaman el derecho a decidir su futuro impugnando si es necesario todos los avatares históricos que han vivido, los mallorquines nos vemosobligados a ser catalanespor una especie de ley histórica –inalterable, inexorable, eterna– que comenzaría en 1229 y que nos determinaría por completo más allá de nuestra voluntad. Ensenyat debería recordar que, aunque sustentados por un sustrato histórico del que después los legisladores cogen y rechazan lo que quieren, todos los símbolos de un territorio son el resultado de decisiones políticas. Lo es el nombre de la lengua, no digamos ya su modelo estándar–la “tradición literaria autóctona”, según la ley de normalización–, lo es la bandera, lo es el escudo, lo es la fecha de la Diada. Y lo es, cuidado, el propio Consell de Mallorca que preside Ensenyat, una institución que nos hemos tenido que comer con patatas porque así lo han querido nuestros políticos a pesar de su proverbial ineficiencia, corrupción y falta de arraigo entre los mallorquines. Sí, falta de arraigo. Y si este es el criterio a tener en cuenta, tal vez deberíamos empezar por eliminar el Consell traspasando todas sus competencias al Govern. No perderíamos nada.
Pirómanos y bomberos. Otra que ha entrado como elefante en una cacharrería ha sido la alcaldesa de Ciutadella, la pesemera Joana Gomila. Esta maestra de catalán** ya ha anunciado que en la llamada “Processó des Tres Tocs” que se celebra por San Antonio (17 de enero) no se interpretará el himno español tal como se venía haciendo hasta ahora. Lo curioso de Gomila no es el adanismo de los que creen estar en posesión de la verdad mientras tratan de esculpir desde el poder un modelo de sociedad que se amolde a sus ideas, sino el hecho de que, como respuesta a las lógicas críticas por el quebranto de dicha convención, diga que “no vamos a hacer de eso un problema”. ¿Quién ha hecho de eso un problema? ¿Ella o los que han protestado? Estos maestros del PSM están tan convencidos de que son los ungidos que el pueblo esperaba para su salvación que tratan a los ciudadanos que no son de su cuerda como si fueran estudiantes, acusando a los demás de lo que hacen ellos: crear problemas donde no los había. Se trata de una variante de esta “vuelta a la normalidad” a la que no dejan de apelar socialistas y nacionalistas para justificar todas sus decisiones de carácter lingüístico, como si ellos personificaran de pronto la “normalidad” –social, histórica– cuando se han pasado toda la vida defendiendo todo lo contrario: el derecho de las minorías a disentir contra las normas. Otra vez el doble rasero. Definitivamente, los resultados del pasado 24-M les han subido a la cabeza.
**Se trata de un error. En realidad, Joana Gomila es profesora de matemáticas, no de catalán.
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Publicat a El Mundo-El Día de Baleares, es 22-8-2015.