Categoria: Noticies

Nada demuestra más la incomodidad de los socialistas y del PI en relación a la cuestión catalana que las acusaciones sistemáticas que lanzan a Ciudadanos cada vez que éstos sacan el tema a relucir en el parlamento regional. No sé en qué mundo viven Armengol, Tarrés o Melià Jr, pero la cuestión catalana –y su inevitable relación con Baleares por obvias razones– no es ninguna “obsesión” de C’s: es la “obsesión” de toda España. Basta ojear la prensa escrita o digital, encender la televisión, navegar por la red o parar la oreja en las tertulias de café para percatarse de que la cuestión de Cataluña es uno de los grandes temas que sí preocupan a los españoles y que va tener una incidencia directa en el resultado del próximo 20 de diciembre. Para estupor de Armengol y Jaume Font, la nación española sí importa… a los españoles. Otra cosa es que, federalismos aparte, a los socialistas no les interese hablar del tema debido a su proverbial ambigüedad e indefinición y a la asistencia –traicionando la historia de su partido– que siempre han dispensado a los separatistas, desde Rodríguez Zapatero pasando por los ejecutivos de todos los Pactes de izquierda que ha habido en Baleares. Lo mismo le sucede al PI de Jaume Font que empezó su andadura afirmando su españolidad y la defensa del marco autonómico y que ha terminado votando dos veces contra la unidad de España y la Constitución en la cámara balear. Dos veces. Todavía me pregunto cómo los candidatos al Congreso Socías y Font van a explicar a sus respectivos votantes semejante fechoría, más allá de la politiquería de corto recorrido y la excusa de la “estrategia” diabólica de Ciudadanos de ponerlos en falta, como si la política no consistiera, precisamente, en eso. Por eso, socialistas y pineros no quieren ni oír hablar del tema y acusan a Xavier Pericay y Olga Ballester de estar “obsesionados” con Cataluña. No se sienten cómodos, conscientes cómo son de que son los cómplices necesarios para seguir engordando a los quintacolumnistas del separatismo catalán en Baleares. De ahí las “obsesiones” que atribuyen a los demás cuando les piden que se mojen.

Armengol, una mujer de Estado. La irreflexión y la proverbial pereza para pensar que distingue a la mayoría de nuestros políticos les pueden jugar a veces malas pasadas. Armengol, esta profesional de la política que lleva veinte años repitiendo las mismas cantinelas, letanías y sonsonetes, defendió este martes la reincorporación de Baleares en el Instituto Ramón Llull para defender el catalán en el exterior junto con la Cataluña separatista por “una cuestión de Estado”. Una cuestión de Estado, nada menos. Seguramente lo dijo como una coletilla más de su amplio repertorio sin meditarla siquiera. Considerar algo como “una cuestión de Estado” significa apartar el tema del debate político y volver a la gloriosa unanimidad de la paz lingüística y al silencio de los corderos. Claro, Xavier Pericay aprovechó el desliz de la presidenta para lanzarle la pertinente pulla: “−¿y de qué Estado?”, pregunta a la que, naturalmente, no respondió la nacionalista del PSIB. La pregunta no es baladí. Recientemente el conseller catalán de Cultura, Ferran Mascarell, aseguraba que el Ramon Llull tenía como objetivo conseguir la “proyección internacional que le conviene a Cataluña como país”. Y el director del propio instituto, Àlex Sussana, se refería a él “como uno de los instrumentos de Estado más eficaces” de Cataluña. La pancatalanista Armengol sigue jugando con fuego mientras sigue ofreciendo a los separatistas la receta “federalista” como la solución mágica para frenar la disgregación territorial a la que ella, como su partido, nunca ha dejado de contribuir de forma solapada. Fer i callar. Una receta etérea, la federalista, que todavía no sabemos en qué consiste pero que forma parte, como sus “cuestiones de Estado”, de la lengua de madera de la nacionalista del PSIB. Armengol, toda una mujer de Estado.

Amalgama por contagio. Según todos los estudios demoscópicos, los españoles sitúan a C’s en el centro del eje derecha-izquierda, entre PP y PSOE. Hay que remontarse a la UCD y al CDS para encontrar un partido que los españoles situaran en el centro-centro de la política nacional. No es una opinión personal, es un hecho demoscópico. Sin embargo, algunos periodistas encuadrados en las filas del nacionalismo insisten en situar al partido de Albert Rivera en la ultraderecha, al identificar la defensa sin reservas de la unidad de España y la Constitución, algo que compartimos el 80% de los españoles, con el franquismo, el falangismo o la ultraderecha. En gran parte, el éxito del catalanismo en Cataluña, Valencia y Baleares ha consistido precisamente en esto, en emparentar, cuarenta años después, a los defensores del bilingüismo, de los derechos de los castellanohablantes y de la unidad de España –o sea, a sus máximos rivales ideológicos– con Francisco Franco. El historiador francés Jean Sévillia acuñó el término “terrorismo intelectual” para referirse a estas burdas aunque efectivas identificaciones (“amalgamas”) para desacreditar al rival de turno, una técnica que el antifascismo de los años treinta del siglo pasado (con Willi Münzenberg de propagandista de Josef Stalin) explotó hasta la saciedad. Algunos de nuestros periodistas (hace semanas veíamos a Marcelo Pich) siguen en lo mismo. Se trata, además, de un disparate histórico porque la realidad de la nación española y la preponderancia del castellano sobre el resto de idiomas nacionales no es obra del franquismo, como suele afirmar el catalanismo, sino de una evolución sociolingüística (en la que la política lingüística no ha tenido en España, ni de lejos, el peso que el catalanismo le atribuye, al menos si lo comparamos con otros países como Francia, Italia o Alemania) que abarca por lo menos los últimos cinco siglos, incluyendo entre ellos el período inmediatamente anterior: la venerable II República. No obstante, el nacionalismo sigue anclado en los mismos mapas mentales de siempre desde hace cuarenta años y sacando réditos de la pose antifranquista. Y no le ha ido mal.

No contento con la campaña feroz que, desde su tribuna diaria, hizo contra C’s en las autonómicas del pasado mes de mayo al presentarlo como un cuerpo extraño, forastero y “antimallorquín” (“peor que Bauzá”), el inefable Miquel Segura (Última Hora) sigue en sus trece en sus desesperados intentos de identificar C’s con la ultraderecha. La conversión de Segura al separatismo se ha acelerado desde que no se cobija bajo el manto protector del PP. En su afán por fascistizar a C’s, a Pericay y a Rivera, el antaño periodista de cámara de Rosa Estaràs ha echado mano de una fórmula curiosa que podríamos acuñar como “amalgama por contagio”. La técnica de la “amalgama” (en literatura la llamaríamos “metáfora”) utilizada en política consiste en identificar dos objetos simplemente por analogía, porque tienen algún rasgo similar. Se trata de una falacia (coger la parte por el todo) que encanta a los débiles mentales que se dejan engatusar por estos sofismas de andar por casa. El razonamiento de Segura es rocambolesco y es una muestra del pensamiento circular al que viven encadenados los nacionalistas. El pasado martes Segura nos informaba de que la candidatura municipal de Ca’n Picafort Unit de Santa Margalida “afín al PP se había ofrecido en bloque a C’s de cara a las inminentes elecciones generales”. Sin especificar en qué consistía esta oferta “en bloque” (sic) para unas generales, Segura afirmaba que los concejales de Ca’n Picafort Unit bordearían “la delgada línea azul que separa la derecha moderna de los ultras pseudo joseantonianos”. Las intenciones de Segura saltan a la vista: como C’s estaría atrayendo a “ultras pseudo joseantonianos”, C’s sería también “joseantoniano”, eufemismo que significa falangista. Lo dicho, una “amalgama por contagio” que no tiene otro objeto que extender la sombra de la sospecha sobre C’s, una tarea a la que está dedicándose en cuerpo y alma el escritor pobler con un encomio, ciertamente, digno de mejor causa.

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Publicat a El Mundo-El Día de Baleares, es 5-12-2015.

La semana pasada el filólogo de la UIB, Joan Melià, presentaba en Can Alcover el Informe sobre l’estat de la llengua catalana 2014, un estudio anual financiado por el Institut d’Estudis Catalans. Como sabemos, este tipo de informes dan por sentado que “el contexto sociopolítico es fundamental para evaluar el uso del catalán en cada área administrativa”. El “contexto sociopolítico” no significa otra cosa que el poder político, convencido como está el catalanismo de que la normalización del catalán depende, única y exclusivamente, de las políticas lingüísticas que impulsen los distintos gobiernos baleares, valencianos y catalanes. Esta fe absoluta en la Administración como responsable última para salvar un idioma es una idea central que recorre toda la sociolingüística catalana. Se trata de una idea implícita tan asentada, tan intímamente asumida por parte de los sociolingüistas como Melià, que ninguno de ellos se plantea cuestionarla. El progreso y el retroceso en los usos sociales de la “lengua minorizada” dependerían en última instancia del gobierno de turno, de sus políticas lingüísticas, de la promoción pública de esta lengua. Del mismo modo que critican a Bauzá por “ir contra el catalán”, alaban a Armengol por “ir a favor”. En cualquier caso, el uso del catalán en la calle es, en su opinión, responsabilidad de las leyes, de las políticas lingüísticas y de los tribunales. Del poder, en definitiva.

Como ha señalado el profesor de la Universidad de Valencia, Guillem Calaforra, esta mentalidad estatista, dirigista, intervencionista y de fe absoluta en la Administración forma parte “del sentido común implícito y no cuestionado, inmune a la crítica por cuanto polariza las posiciones” de los sociolingüistas catalanes. Calaforra afirma que esta mentalidad ha sido reforzada por la simbiosis e interdependencia –asentada en un acuerdo tácito entre ambos– entre los planificadores lingüísticos (políticos como Esperança Camps, Damià Pons o Martí March) y los sociolingüistas comprometidos con la causa, como Melià o Gabriel Bibiloni. Así pues, la mayor parte de la investigación de la sociolingüística catalanófona partiría de unas premisas innegables como serían la fascinación por el poder, la interpretación cíclica de la historia o el origen coactivo (sólo desde el poder puede cambiarse algo) de los cambios sociolinguísticos. Esta cratolatria (palabreja que significaría algo parecido a “fascinación o divinización del poder”) se basaría en cuatro principios que Calaforra desnuda así: 1.- el uso de las lenguas minorizadas sólo avanza o retrocede en función de las decisiones políticas y la estructura legal existente; 2.- en consecuencia, la estructura política y jurídica determina el repertorio y la configuración funcional de las comunidades lingüísticas; 3.- en consecuencia, la ambición unidireccional de los planificadores lingüísticos o normalizadores se centra en el acceso a los tres poderes (ejecutivo, legislativo y judicial); y finalmente 4.- la responsabilidad de las diversas situaciones sociolingüísticas recae en los titulares del poder social en cada momento concreto.

Calaforra pone el dedo en la llaga cuando afirma que la sociedad sería para los Melià, Bibiloni, Pons, Camps o March como un ente “natural” que se mueve ciegamente en la dirección que le marca el poder. “Si persiste y agudiza la minorización [del catalán] es porque ‘no hay voluntad política’ Si por el contrario, se alcanza a frenar espontáneamente el ritmo de la sustitución lingüística sin intervención efectiva del poder, éste se apropiará de la responsabilidad y presentará los resultados como un éxito de la política lingüística institucional. Los dos casos tienen en común, no obstante, que la atención se centra en las actuaciones del poder como origen último del comportamiento lingüístico”, puntualiza el profesor valenciano. El efecto lógico de este modo de ver las cosas es la conquista y la colonización del poder a las que se dedican en cuerpo y alma las falanges catalanistas, unas élites extractivas siempre en movimiento sin otro objeto que apropiarse de los recursos y los resortes de la Administración. Sin el poder –subvenciones, plazas de funcionario, leyes, universidad– no son nada. Hablar de catalanismo y de poder público es hablar de la misma cosa.

Una idea falsa. Esta fascinación por el poder como único responsable de la suerte última de una lengua (Gabriel Bibiloni, sin ir más lejos, cree que las lenguas son un producto de la política y la historia) es una idea cuando menos cuestionable que poco tiene que ver con la realidad puesto que deja de lado un elemento básico de la sociedad: la libertad de elección de los individuos de una comunidad lingüística. O sea, la libertad individual. De creernos a los normalizadores, el franquismo –caracterizado por sus “ataques al catalán”– debería haber erradicado el catalán. Si Melià hubiera tenido ocasión de hacer un estudio en 1975 de los que ahora suele hacer gracias a la ayuda del IEC y la UIB, dicho estudio hubiera arrojado que el 95% (si no más) de los mallorquines sabían hablar y utilizaban mayoritariamente el mallorquín. Tampoco serían ciertos los disparates que etziba Bartomeu Sureda ‘Balutxo’ cuando, en relación a la Guerra de la Sucesión, dice que “se siguió la misma persecución de la lengua catalana que la efectuada contra los idiomas americanos. Pura opresión colonial” (conferencia en el Consell de Mallorca, setiembre de 2015). O la “opresión colonial” fue absolutamente ineficiente en nuestro archipiélago o Balutxo miente más que habla. Por mucho que nuestros nacionalistas quieran remontarse a los Decretos de Nueva Planta de Felipe V o al franquismo, lo que es un hecho incontestable es que nunca el catalán había retrocedido tanto como lo ha hecho en plena autonomía, bajo el paragüas de la ley de normalización de 1986 y después de adoptar la inmersión de facto en las escuelas. Que a día de hoy sólo el 35% de los baleares usen normalmente el catalán pone de manifiesto dos cosas. La primera, que la normalización se ha saldado con un rotundo fracaso. Y la segunda, que la planificación lingüística impuesta desde las alturas no tiene los efectos salvíficos para el idioma en que cree el catalanismo. Y eso no ocurre sólo en Baleares, también en Cataluña. Si uno se pasea por el área metropolitana de Barcelona observará cómo el uso del catalán está bajo mínimos, como ocurre actualmente en Palma. Uno puede autoengañarse todo lo que quiera, las ideologías son en definitiva eso, puro autoengaño, pero los hechos son los hechos.

Entiendo que esta cruda realidad sea muy dura para los planificadores lingüísticos y todos los que de un modo u otro viven del catalán. Pero los hechos son los hechos. Tal vez no pueda hacerse nada (o muy poco) desde el poder cuando los individuos deciden abandonar una lengua y adoptar otra con mayores externalidades, que dicen los economistas. Tal vez hemos estado perdiendo recursos y tiempo tratando de salvar una lengua que –como tantas otras– estaba condenada a largo plazo. Tal vez la forma de implementar la normalización ha sido la equivocada, buscando más la imposición que la seducción. Todas estas dudas serían una hipótesis de trabajo para unos sociolingüistas dignos de este nombre. No caerá esa breva. ¿Qué ha ocurrido para que el uso del catalán esté bajo mínimos cuando nunca antes lo habían apoyado tanto desde las instituciones? ¿Qué hemos hecho mal? ¿Se han convertido los catalanistas con sus actitudes totalitarias en los sepultureros inconscientes de lo que querían salvar? Treinta años después de la aprobación de la Ley de Normalización (1986) ya va siendo hora de que la clase política tome nota, pierda el miedo de hablar sobre estos temas y haga autocrítica. Salvo que crean que el problema no reside tanto en las ideas básicas del proceso normalizador como en la falta de agresividad de los gobiernos para imponerlas. A fin de cuentas, también los palafreneros de última hora de la idea comunista creían que el problema del comunismo no residía en sus principios sino en su errónea aplicación. Si es así, ya sabemos lo que nos espera.

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Article publicat a El Mundo-El Día de Baleares, es 28-11-2015.

El PP no ha tocado fondo en Baleares. A tenor del devastador sondeo publicado el domingo pasado en Última Hora, el PP no deja de perder apoyos electorales en favor de C’s, la misma tendencia que se observa en toda España. Según esta encuesta, el partido de Albert Rivera ya sería el primer partido en intención de voto directo de Baleares y, a un mes escaso de las generales, estaría en condiciones de disputar la hegemonía al PP y PSOE en las Islas. Mucho me temo que el giro “regionalista” –una etiqueta eufemística que no significa otra cosa que la genuflexión ante el catalanismo, en la línea de la cobarde Nuria Riera– que ha querido imprimir Vidal a su formación después del Waterloo del 24 de mayo está coadyuvando al nuevo descalabro que se avecina. Es cierto que en unas elecciones generales se vota en clave nacional. Ahora bien, la tendencia a la baja del principal partido en la oposición frente a un nefasto tercer Pacte de Progrés sólo se explica porque parte del electorado más fiel a los populares –esos que, en opinión de sus dirigentes, pueden ser traicionados sin temor ya que siempre les votarán– se esté marchando a C’s.

El PP balear leyó muy mal el resultado del 24-M al secundar la interpretación que más convenía a las terminales catalanistas, convencidas, por interés y narcisismo, que habían derrotado a Bauzá gracias al TIL y a su política lingüística. Puro reduccionismo voluntarista. Los jerifaltes populares se creyeron a pies juntillas los análisis interesados según los cuales el adversario a batir que les podía quitar votos era el PI de Jaume Font y no C’s de Xavier Pericay, al que menospreciaron al día siguiente. Nadie quiso ver que el PI apenas había sacado lo que en 2011 habían sacado Font y Convergència de Melià Jr. por separado, algo más de lo que venía sacando Munar con UM. Sin embargo, la solución para los “regionalistas” del PP para recuperar el voto perdido pasaba por acercarse ideológicamente al PI de Font, Pastor y Melià mientras C’s se los comía por los pies con un mensaje firme contra el nacionalismo adoptado por el tercer Pacte de Progrés. Miquel Vidal, ese hombre sin atributos, está llevando al PP hacia el despeñadero con el aplauso encendido de todo el catalanismo −que nunca va a votar al PP pero que necesita a un PP domesticado, servil y sumiso para seguir avanzando− que ve posibilidades de volver a hacerse con el control del todavía principal partido de Baleares y volver a los tiempos de paz lingüística y silencio de los corderos que caracterizaron las épocas de Gabriel Cañellas, Tòfol Soler, Tito Fiol y Jaume Matas. El Procés catalán ha abierto los ojos a todo el mundo que ya sabe a ciencia cierta qué se oculta detrás del catalanismo lingüístico y cultural, esta “política disfrazada de cultura”, como siempre ha reconocido la OCB. Y es que los proyectos “culturales” nunca son inocentes a largo plazo. Muchos ciudadanos ya no se resignan al mal menor que representaba el PP. Que Dios conserve la vista a sus dirigentes, que buena falta les hace.

Ordinalidad. Cladera y Armengol se están quedando sin argumentos para defender el supuesto agravio en financiación autonómica que sufrimos los ciudadanos de Baleares. La de Sa Pobla ha pasado de asegurar que “estábamos por debajo de la media” a decir que “estamos por debajo” sólo en “inversiones del Estado”, o sea, las que hace el Estado en Baleares a cargo de los Presupuestos Generales del Estado, un asunto que nada tiene que ver con el modelo de financiación autonómica. Por su parte, la inquera sigue insistiendo en que necesitamos una financiación “más justa” pero apenas bosqueja en qué consiste esta etérea justicia de la que habla. En una estupenda entrevista que le hace Miquel Payeras en la revista separatista El Temps, Armengol afirma que “algunas cláusulas” del sistema de financiación se han interpretado de tal modo que han perjudicado los intereses baleares. Algunas cláusulas… El tono de su discurso victimista, como vemos, ha bajado unos cuantos decibelios en cuanto le han puesto encima de la mesa los datos del Ministerio de Hacienda que sitúan en la media la financiación per cápita de Baleares. Sin embargo, la presidenta insiste en que “somos los peor financiados en Sanidad y Educación por persona” olvidando que, en última instancia, es la cámara balear la que decide, en los presupuestos autonómicos de cada año, donde se destinan los recursos de los que dispone, entre ellos los que llegan de la financiación autonómica. Armengol, además, se atreví a negar los datos anuales del Ministerio de Educación que ponen de manifiesto que el coste de la educación per cápita en Baleares –en la ratio de profesores por alumno, sin ir más lejos– está en la media nacional. Finalmente, Armengol se saca de la chistera el manoseado argumento de la “ordinalidad” que los catalanes han esgrimido durante lustros. “−No puede ser que seamos los terceros en aportar y los séptimos a la hora de recibir, esto es injusto”, se queja la presidenta. Armengol no entiende o no quiere entender que la solidaridad entre territorios es fruto de la solidaridad fiscal de los individuos y que no es ninguna anomalía que las familias, los barrios, las comarcas y las regiones con una mayor concentración de rentas altas y mayor crecimiento económico aporten más de lo que reciben. Algo que una socialdemócrata como ella ni siquiera debería cuestionar, habida cuenta de que la redistribución de la riqueza es la columna vertebral del socialismo. Armengol debería saber que en la trastienda del debate para cambiar el modelo de financiación los tiros no van por ahí sino en otra dirección. La solución que se está barajando parte de la premisa de que las autonomías deben ser mucho más corresponsables a la hora de recaudar los impuestos y se habla de cederles íntegramente un impuesto fuerte como el IRPF. Lo que se persigue es que, además de exclusivas centrales de gasto que es lo que son ahora, las comunidades autonómas sean también centrales de ingresos para que sus políticos paguen en las urnas su derroche y sus incumplimientos del déficit. De este modo, se terminaría con el cansino lloriqueo del “Madrid me mata” no sólo de las Islas, también del resto de comunidades que, al igual que nosotros, van “sobrados” de argumentos para quejarse de que no llegan a fin de mes.

Fuera del Ramón Llull. Una de las informaciones más relevantes que aparecen en la entrevista de Payeras a Armengol es que, contrariamente a todos los anuncios del Govern y de su consejera de Cultura, la menorquina Esperanza Camps, las Islas Baleares no se van a integrar finalmente en el Instituto Ramón Llull del bracito de Artur Mas y sus secuaces. Sabia decisión. Al parecer, el Govern balear ha dado marcha atrás en su pretensión original de incorporarse en el Llull para promover conjuntamente la cultura catalana en el exterior junto a la Generalidad separatista, más aislada que nunca. El Govern sólo “colaborará” con el Llull, nada más. A buen entendedor…

LLUCIA SASTRE. Aquest passat dilluns vaig tenir s’oportunitat d’assistir a sa presentació des primer traductor automàtic castellà-mallorquí, ideat i posat en marxa per sa Fundació Jaume III.

Tenc una petita empresa molt vinculada an es sector primari de sa nostra illa, i a pesar que es nostros proveïdors se troben repartits per tota sa nostra geografia nacional, es nostros clients són eminentment mallorquins, i sa seva llengua materna és sa mallorquina.

Sempre he estat una dona emprenedora, i com a tal, no dubt a posar messions per una eina que veig útil pes meu negoci, en definitiva, útil pes meus clients.

A sa meva etapa educativa he rebut tota sa meva formació en castellà i posteriorment he realisat cursos de llengua catalana, es problema és que a ses diferents etapes de sa vida de s’empresa hem realisat sa comunicació escrita externa, o bé en castellà, o bé en català, però amb cap de ses dues opcions m’he sentit plenament còmoda, ja que me sentia estranya en comunicar oralment en una llengua i de forma escrita en una altra. I efectivament he dit me sentia, perquè a partir d’aquest passat dilluns, i gràcies an es traductor, hem decidit comunicar en mallorquí. Com deia es meu vell professor de s’escola de comerç, “A s’hora de vendre, sempre que puguin ho facin en sa mateixa llengua en sa que xerra es seu client, i ses probabilitats d’èxit creixen exponencialment”.

I aquí, amb sa seguretat que m’aporta es traductor, i sense por, vos deix es meu primer escrit en mallorquí, es mallorquí des meus padrins, i es mallorquí que desig pes meus néts.

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Carta publicada a mallorcadiario.com, es 30-11-2015.

Ha estat notícia aquests dies sa proposta de Proposta per les Illes(PI) per “tornar an es consens” sobre sa Llei de Normalisació Lingüística (LNL) que suposadament existia entre tots es partits abans de s’arribada de José Ramón Bauzà. Lo més curiós d’aquesta proposta, emperò, és constatar que finalment es PI, però també una part important des PP, han acabat acceptant tota sa mitologia que s’ha inventat es catalanisme entorn de sa LNL aprovada l’any 1986. Lo mateix ha passat amb so Decret de Mínims (1997) aprovat per Jaume Matas. Es PI –hereu ideològic, en part, d’aquella Unió Mallorquina que se solia presentar amb AP a ses eleccions– i es PP no tenen memòria històrica i per això convendria recordar-los una sèrie de coses fonamentals que ha enterrat sa propaganda que s’han begut.

Sa LNL i es Decret de Mínims varen ser normatives aprovades pes PP (abans, AP) amb tota sa bona intenció del món però que, desfigurades en sa seva aplicació, s’han acabat convertint en eines des catalanisme que les ha aprofitades per anar avançant en tres direccions: eliminar es castellà i ses modalitats insulars des món oficial i escampar es sentiment de catalanitat entre es balears amb uns objectius clarament polítics des quals ara en tocam ses conseqüències. En realitat, ni sa LNL ni tampoc es Decret de Mínims varen nèixer amb aquests objectius, al contrari. Qualsevol que estudiï ses reaccions que s’aprovació d’aquestes dues normatives provocaren dins es món nacionalista (PSM, OCB, UIB) observarà que no eren santes de sa seva devoció.

Efectivament, mentres Xisco Gilet, conseller de Cultura des primer Govern Cañellas, defensava a sa tribuna parlamentària (1986) que s’unitat des català no era lo mateix que sa seva uniformitat i feia una defensa encesa de ses modalitats insulars, una posició que era lògica a un partit que tres anys abans –durant es debat estatutari, 1983– havia proposat anomenar sa llengua com a “llengua de ses Balears” perquè sabia ses intencions polítiques que hi havia darrere sa denominació de “català”, sa Comissió Tècnica de sa Normalisació Lingüística que s’havia creada ad hoc per implementar sa LNL, comissió en mans de catalanistes com Janer Manila, Joan Miralles i Joan Alegret, se manifestava en sentit contrari ja que ni els passava pes cap fomentar cap modalitat. Tampoc s’OCB o en Damià Pons, qui se va referir a sa LNL com “un projecte polític d’intencions genocides”. Es catalanisme no estava d’acord amb una normativa que defensava es català, sí, però, alerta, no el defensava per laminar es castellà ni tampoc ses modalitats insulars. S’acord tàcit dins es PP i UM era que s’havia acceptat –de mala gana– s’unitat des català a canvi de respectar ses seves modalitats illenques: mallorquí, menorquí i eivissenc. Això era lo fonamental: defensar sa nostra singularitat lingüística, s’anomenàs com s’anomenàs. Qui va rompre aquest acord no escrit fou es nacionalisme que no dubtà a grenar pro domo sua.

¿Què ha passat perquè sa LNL i es Decret de Mínims ara siguin santificats pes nacionalisme maldament ses seves resistències inicials? ¿Què ha passat perquè sa LNL i es Decret de Mínims siguin ara condemnats per ses bases de sa formació responsable d’haver-los aprovat? Lo que ha passat és que sa seva aplicació pràctica i concreta no ha tengut res a veure amb s’esperit amb què varen néixer. Es catalanisme, en mans des qual va caure sa seva implementació pràctica, ha desfigurat aquestes dues normes, les ha interpretades an es servici des seus interessos perquè sabien que només ells eren experts en llengua i només ells estaven en condicions d’aplicar-les. En realitat, es nacionalisme només era expert en això, en llengua. Eren ets únics entesos en sa matèria gràcies a s’autoritat divina de sa UIB.

S’error d’AP no va ser, per tant, sa LNL en si mateixa, sinó haver entregat sa seva aplicació an es nacionalisme –tan deslleial– que se’n va aprofitar. Per fer-se’n una idea de com es catalanisme s’apropià tot d’una de sa LNL per posar-la an es servici des seus interessos, tenim ses declaracions de tot un referent des catalanisme de Balears com era Josep Melià Sr. En unes declaracions públiques molt controvertides fetes a El Mirall, Melià se’n feia creus que es mestres de català emprassin s’idioma per “fer patriotes”. Amb això, en lloc de simpaties se creaven enemics, deia Melià. S’exministre franquista se queixava dets “errors estratègics del nacionalisme” a s’escola, que “han vacunat la nostra joventut no només contra la lectura del llibre en català sinó contra l’ús social de la llengua als carrers”. I això ho deia Melià, gens sospitós d’anticatalanisme.

Es gran error de Gabriel Cañellas va ser deixar en mans des catalanisme sa concreció pràctica de sa LNL, un error que ha reconegut més envant. En es famós llibre-entrevista que li va fer Jaume Sastre, Cañellas admetia que “després de sa unitat lingüística ve un intent de dominació més àmplia”, o que s’OCB “és un intent de penetració total i absoluta, un instrument en mans des catalanisme cultural per arribar tan enfora com els deixin”. En aquesta línia s’ha manifestat darrerament Cañellas, defensant quan era massa tard unes modalitats insulars que no va sebre defensar com pertocava quan era hora. Es PP d’en Vidal, na Prohens, en Sagrera, en Company i en Sansaloni haurien de prendre llum de na Pintora. Regionalisme no és agenollar-se davant es catalanisme pes qual no som más que un apèndix de Catalunya, sinó començar a bastir una alternativa identitària, simbòlica, històrica i lingüística de Balears que tengui com a punt central sa defensa des mallorquí, menorquí i eivissenc. No s’equivoquin una altra vegada.

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Article publicat a El Mundo-El Día de Baleares, es 6-11-2015.

En el artículo de hace dos semanas demostré con datos oficiales que la liquidación definitiva de Baleares desde 2009 está en la media de las quince autonomías de régimen común. No estamos por tanto “por debajo de la media”, como continuamente se nos quiere hacer creer. Por otra parte, la semana pasada demostraba que el deseo de una financiación “justa”, entendida como aquella que impida que Baleares pague más de lo que recibe, nos conducía inevitablemente a negar el principio de la redistribución de la riqueza basada en el hecho de que los ricos paguen más impuestos que los pobres. El flujo de recursos desde los territorios ricos (Madrid, Baleares, Cataluña) hacia los pobres es lógico y natural, no es ninguna anomalía. No se debe a ninguna solidaridad estrictamente “territorial” ni al hecho de que en los primeros sus individuos paguen más impuestos que en los segundos sino al hecho de que hay una mayor acumulación de rentas altas. Hoy voy a demostrar que la constante mejora de los recursos provenientes de la financiación autonómica ha sido insuficiente para hacer frente al crecimiento desorbitado del gasto educativo y sobre todo sanitario desde 2002. Si hay que buscar culpables, hay que buscarlos no tanto en las praderas mesetarias y sí en latitudes algo más cercanas.

El gráfico adjunto muestra la evolución de la liquidación definitiva desde 2002 hasta 2014 de la sanidad (IB-Salut), la educación, la financiación en caja y el incremento anual de la deuda viva (préstamos menos amortizaciones) que nuestra autonomía ha tenido que contraer para hacer frente a un gasto siempre creciente. Los datos los pueden encontrar en la web oficial de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas del Govern (Dirección General de Presupuestos y Financiación) y corresponden a las liquidaciones anuales desde el 2002 hasta el 2013. La liquidación de 2014 aparece todavía como provisional. El gráfico ilustra a la perfección una clara tendencia desde 2002, año en el que se transfiere la competencia de sanidad. Dejando aparte el anómalo comportamiento de los años 2009 y 2012 que más adelante explicaré, podemos resumir esta evolución en cuatro claves.

En primer lugar, cada actualización del modelo de financiación ha supuesto una mejora evidente, tanto la de 2001 (Aznar) como la de 2009 (Zapatero). Suele obviarse que estas mejoras se han producido básicamente porque el Estado ha puesto más dinero encima de la mesa y eso, naturalmente, ha redundado en una subida de impuestos que, lógicamente, también ha afectado a los baleares. Más allá de los agravios entre territorios sobre cómo se reparte el pastel, lo cierto es que los que acabamos pagando siempre el engorde del sector público somos los contribuyentes de a pie. En segundo lugar, el gasto sanitario se ha disparado y no ha dejado de crecer. Respecto a 2002 (319 millones) se ha cuadriplicado. Respecto a 2003 (685 millones) se ha duplicado en apenas 12 años. En tercer lugar, observamos que el gasto en educación crece de forma sostenida hasta 2009 (864 millones), momento en el que llega casi a duplicarse con respecto a 2002 (483 millones). A diferencia de sanidad, en cambio, en los últimos años se ha conseguido embridar a la baja.

En cuarto lugar, observamos que desde 2005 nos hemos estado endeudando para hacer frente al despilfarro educativo y sobre todo sanitario. La financiación autonómica no alcanza para la educación y la sanidad, no porque no haya mejorado ostensiblemente sino porque no hay modelo que soporte el brutal incremento del Estado del Bienestar ligado a estas dos competencias. Los cuatro años del segundo Pacte de Progrés (2007-2011) con Carlos Manera al frente son sencillamente esplendorosos. En 2009, aupado por el viento a favor del acceso a la deuda pública (1080 millones más) y unas entregas a cuenta exageradas gracias al nuevo modelo de financiación a cuya mejora tanto había contribuido, el Pacte llega al máximo histórico en gasto educativo (864 millones) mientras la sanidad sigue creciendo sin freno (1302 millones). Estas políticas expansivas están incubando el desastre que llegará dos años más tarde. En 2011 la autonomía balear se colapsa debido al desplome de los ingresos al sumarse cuatro efectos: la profundidad de la crisis económica (menos recaudación), la inestabilidad provocada por la expulsión de UM del Govern que le impide aprobar los presupuestos de 2011, ningún banco quiere prestar al Govern (nótese el ridículo incremento de la deuda viva en este año) y, por si fuera poco, la financiación en caja cae drásticamente, consecuencia de las desorbitadas entregas a cuenta de dos años antes (2009). Los impagos se acumulan por doquier. Las facturas sin pagar llenan los cajones de las consejerías. Consumado el vuelco electoral en mayo del 2011, en 2012 el Govern de Bauzá se ve obligado a bancarizar los cerca de 1.500 millones de facturas impagadas a los proveedores. De ahí que en 2012 el gasto de IB-Salut y la deuda se disparen, como puede observarse en el gráfico, a pesar de los recortes de Bauzá y a la obligación de hacer frente a unas amortizaciones de deuda que a partir de ahora serán brutales (483 millones en 2012, 488 millones en 2013 y 678 millones en 2014). El Govern del PP consigue el crédito que los bancos negaban a Antich y Manera para pagar a los proveedores. La cacareada herencia envenenada del Pacte no es una excusa ni una exageración. En 2014, sin embargo, Bauzá se olvida de austeridades, lanzándose al precipicio una vez más. Inútilmente.

La conclusión salta a la vista. Nuestra clase política está llevando a la ruina a Baleares al gastar lo que no tiene y recurriendo de forma sistemática al endeudamiento para cuadrar unos presupuestos casi siempre expansivos, hasta el punto de crecer (en 2015 y 2016, sin ir más lejos) por encima del crecimiento de la economía balear. La bola de nieve de la deuda viva no deja de crecer, ya vamos por los 9.000 millones que saldrían de sumar todos los incrementos anuales de deuda del gráfico adjunto más la deuda que ya teníamos acumulada en 2002. Las políticas de ajuste y austeridad son interpretadas como soluciones de emergencia para salir transitoriamente del colapso. No logran, sin embargo, mantenerse en el tiempo. En cuanto la economía muestra algún brote de recuperación, nuestros manirrotos políticos vuelven a lanzarse como posesos a gastar de modo desbocado. Inútilmente porque, como se ha comprobado, gastar más no es sinónimo de ganar elecciones. Todo lo contario.

Quejas por el modelo. Los datos de financiación que figuran en el gráfico corresponden a la llamada financiación en caja de cada ejercicio, o sea, a los recursos reales de los que ha dispuesto cada Govern para hacer frente a los gastos en cada ejercicio. La financiación en caja del 2014 es la suma de las entregas a cuenta que hace el Estado al Govern en 2014 y la liquidación de la financiación de dos años antes (2012). Por tanto, la liquidación definitiva de 2014 la conoceremos sólo en 2016. Una queja permanente del Govern ha sido el grado de subjetividad de estas entregas a cuenta. Esta demora de dos años a la hora de liquidar tienen dos efectos: el Govern no sabe exactamente de cuánto va a disponer para elaborar los presupuestos ya que los anticipos a cuenta no siempre guardan relación con el crecimiento de la actividad económica. Con todo, es indiscutible que pese a los puntos negros del nuevo modelo de 2009, Baleares ha salido ganando. Si a día de hoy el Govern no llega a fin de mes es porque, como decimos en mallorquín, “hem estirat molt més es braç que sa màniga”. Empezando con Matas, agravándolo con Antich y terminando con Armengol.

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Article publicat a El Mundo-El Día de Baleares, es 31-10-3015.

La socialista Armengol ha justificado la implantación del impuesto turístico por la “deficiente” financiación de Baleares por parte del Estado mientras volvía a reivindicar una financiación “justa”. ¿A qué se refiere la socialista por “justa”? Los datos oficiales de financiación normativa que publica cada año el Ministerio de Hacienda sitúan la financiación de Baleares –regulada por la ley 22/2009– en la media –un punto abajo, un punto arriba– de las autonomías de régimen común, todas salvo Navarra y el País Vasco que, como saben, se financian a través del concierto y el cupo, respectivamente. Por lo tanto, Armengol no puede esgrimir el “estar por debajo de la media” como criterio de justicia porque sencillamente ya no es verdad. Matas y Antich sí tenían motivos para quejarse puesto que la financiación per cápita era entonces claramente inferior a la media, o sea, debían financiar la educación, la sanidad y los servicios sociales con bastantes menos euros per cápita que cualquier otro presidente autonómico. Como demostré la semana pasada con una tabla ilustrativa extraída del último estudio sobre evolución histórica de la financiación autonómica de Ángel de la Fuente, este agravio real fue corregido en 2009 por Rodríguez Zapatero cuando decidió actualizar el modelo heredado de Aznar (ley 21/2001). Todavía me acuerdo que con Matas de presidente (2003-2007), desde las Islas se aspiraba a lo sumo a arrancar de Madrid unos 300 millones de euros que coincidían más o menos con el Fondo de Suficiencia de entonces. Con el nuevo modelo de 2009 nos cayeron del cielo más de 500 millones adicionales, concretamente 552 millones más (en 2013) según el ex conseller Carles Manera [1] y 587 millones (en 2012) según FAES [2].

Descartado por falso el primer criterio de “justicia”, analicemos el segundo. Las Islas Baleares, junto con Madrid y Cataluña, son contribuyentes netas del sistema al pagar más impuestos de los que reciben. Eso también es incontestable. Como reflejan los estudios de saldos territoriales [3] y del propio sistema de financiación autonómica [4], estas tres comunidades reciben menos de lo que aportan. Seguro que Armengol se refiere a esa “injusticia”, en dar más de lo que uno recibe. Una financiación “justa”, en consecuencia, significaría según Armengol dejar de aportar al resto de españoles y que los impuestos que pagamos los baleares se queden todos en Baleares, tal como reclaman los nacionalistas, partidarios de un sistema de concierto como el navarro o el vasco.

Hay que deshacer el equívoco en el que cae nuestra indocumentada clase política. El flujo redistributivo de recursos desde las comunidades ricas a las pobres no se produce porque el régimen fiscal general castigue a los ciudadanos de ciertas autonomías (Madrid, Cataluña, Baleares) por el hecho de residir en estos territorios sino porque, al aplicar criterios uniformes (subrayo, uniformes) en todo el territorio español y al haber mayor concentración de individuos ricos en estas tres regiones que en el resto, se produce un trasvase de recursos desde donde hay más rentas altas (una región, una comarca, una ciudad, un pueblo, un barrio) hacia donde son más bajas. Dicho de otro modo, son los ciudadanos los que pagan impuestos, no los territorios. Por tanto, en su mayor parte la llamada solidaridad entre territorios no es propiamente “territorial” sino “individual”. Para lograr que todos los impuestos que se recaudan en Baleares se queden en Baleares –lo que daría como resultado una balanza fiscal cero– sólo hay dos opciones. O bien, abjurar de la llamada justicia social basada en la redistribución de riqueza (el flujo de recursos de ricos a pobres), santo y seña del socialismo. O bien, dar por supuesto que los ricos de Baleares sólo quieren ser solidarios con los pobres de Baleares y no con los del resto de España, algo que puede llegar a defender el nacionalismo, caracterizado por su egoísmo e insolidaridad, pero no un partido de marchamo nacional como el PSOE.

Lo que propone, en definitiva, la “socialista” (¿o mejor llamarla nacionalista?) Armengol es una de estas dos opciones. O bien, 1), dejar de pagar impuestos, ergo, reducir así al mínimo el Estado del Bienestar que al mismo tiempo quiere defender. Si no hay solidaridad individual tampoco la habrá interterritorial ya que hemos visto como la segunda deriva de la primera. Un planteamiento de estas características lo firmaría un anarcocapitalista pero es contrario a la esencia de la socialdemocracia. O bien, 2), no abjurar de la redistribución de riqueza individual (al pago de impuestos, vaya) pero sólo aplicarla dentro de las Islas, o sea, que los impuestos que paguen los baleares vayan destinados sólo a los baleares y no a los extremeños o murcianos pobres. ¿Realmente cree Armengol que los baleares, que en un 95% nos sentimos españoles, hemos roto los lazos afectivos con el resto de España hasta el punto de aceptar que nuestros impuestos deben ir destinados sólo a los baleares? Y abundando en la reducción al absurdo de esta hipótesis, ¿por qué los ricos de Santanyí deberían ayudar también a los pobres de Manacor habiendo pobres que necesitan estos recursos en Santanyí? ¿Es la proximidad el único criterio que debe informar la redistribución de riqueza? Armengol no es consciente de las consecuencias que se extraen de sus demandas por una financiación “justa”. Aunque sólo sea por una cuestión de principios, el PSOE, una fuerza teóricamente socialista y nacional, nunca podrá aplaudir unas reclamaciones que tiendan a la insolidaridad individual (al negar el principio de redistribución de la riqueza) o a la autarquía fiscal que niega, tácitamente, los lazos afectivos con el resto de españoles.

El deseo de Armengol parece ser convertir Baleares en una autonomía receptora y así engordar nuestro sector público balear. Es como si a un rico le ofrecieran ser pobre a cambio de pagar menos impuestos y recibir más prestaciones. ¿Acaso no sabe que el aumento del sector público es un lastre pare el crecimiento y la prosperidad? ¿Acaso las autonomías donantes como Madrid, Cataluña y Baleares no son las que funcionan económicamente mejor?

Armengol y su lugarteniente Cladera hablan por boca de ganso, como casi todos los políticos de esta tierra que aburren a las ovejas con su insoportable lengua de madera que rebosa de lugares comunes, tópicos y frases hechas. Entender cómo funciona un sistema de financiación, qué es el Fondo de Suficiencia o cómo se destripa una balanza fiscal no está al alcance de quienes apenas saben qué es una media ponderada, un factor de corrección o les viene justo sacar un tanto por ciento sin la ayuda de una calculadora. El pésimo estado de la educación balear –no digamos ya de la aritmética– es aprovechado por demagogos sin escrúpulos para engañar a unos ciudadanos desarmados que no tienen conocimientos, ni tiempo, ni interés, ni capacidad de discernimiento para discutir sobre estos temas. El debate plural inherente a una democracia ha dado paso al pensamiento único –y mágico del tribalismo, a semejanza de la venerada Cataluña– en el que están instalados todos los partidos por la cuenta que les trae: más recursos de Madrid para untar a sus redes clientelares (maestros, médicos y toda la industria política) y así perpetuarse en el cargo. Y en este cenagal que sólo entiende de vísceras y de sentimientos –los peores– germinan como cardos borriqueros los demagogos y los indocumentados como Armengol y Miquel Ensenyat. Dos formidables campeones de la “Razón”, ya saben, esa bandera de la izquierda. Ay, si Condorcet, Lavoisier o Laplace levantaran la cabeza… ¿De verdad creen que estos hijos de la Luz dieron su vida por la Revolución que consagraba la “Razón” para evacuar líderes tan irracionales como Armengol o Ensenyat? Sin duda, un signo más del progreso de la humanidad.

Fuentes:

[1] Carles Manera, Falsedades y omisiones tras el dato del déficit, Última Hora, 2014

[2] J.J. Rubio Guerrero, S. Álvarez García, El fracaso de una reforma política, Papeles FAES, nº 177, 20/1/2015

[3] Angel de la Fuente, Ezequiel Uriel, Ramón Barberán, Informe sobre la dimensión territorial de la actuación de las Administraciones Públicas, Ejercicio 2012, Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, Julio de 2015

[4] Angel de la Fuente, La financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común en 2013. Fedea, Julio 2015

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El otro día, hablando con un amigo, salió el tema de la financiación autonómica. Mi amigo es un profesional con carrera universitaria, es culto, lee los periódicos y es una persona que presume de estar bien informada. Está convencido de que los baleares estamos mal financiados hasta tal punto que ha llegado a creerse la mercancía averiada que venden nuestros políticos y algunos periodistas de cámara del “Madrid nos roba”. Mi amigo no tiene la culpa. Unos y otros, políticos y periodistas, se han conjurado en hacer creer a la opinión pública de que sufrimos un maltrato fiscal y financiero insoportable. Por supuesto, no existe tal maltrato y basta echar un vistazo a los datos de financiación regional que cada año publica el Ministerio de Hacienda para comprobarlo. A menudo los periodistas obran de buena fe pero no tienen tiempo –ni ganas– de contrastar la información sesgada y parcial que les filtran los consellers de Hacienda interesados en abundar en el agravio. Voy a poner un ejemplo. A veces se ha publicado que Baleares es la comunidad que más aporta en solidaridad porque su Fondo de Suficiencia es el más elevado junto con el de Madrid. Esto es cierto, pero este Fondo de Suficiencia sólo es uno de los cuatro fondos del actual sistema de financiación (Garantía, Suficiencia, Competitividad, Cooperación), no el único. No se dice que, en base a otro fondo, el Fondo de Competitividad, somos los mejor tratados con mucha diferencia ya que percibimos prácticamente lo mismo que aportamos en Suficiencia. Con ello quiero decir que nuestros políticos tratan de vender –y a fe que lo consiguen– una mercancía manipulada con objeto de acentuar el presunto agravio que sufriríamos los baleares. El sistema hay que mirarlo como un todo, no partiéndolo en trozos a ver cuál de ellos nos sirve para quejarnos y aventar el ridículo y falso “Madrid nos roba”.

Ni los datos oficiales (Ministerio de Hacienda) ni ningún otro estudio serio de los realizados (como los de Fedea) nos permiten asegurar que estamos maltratados. Gracias a la reforma del modelo de financiación de 2009, Baleares está a día de hoy oscilando en torno a la media de todas las autonomías de régimen común (todas menos País Vasco y Navarra). Si los últimos datos oficiales del Ministerio de Hacienda arrojan que estamos en la media, los estudios que tienen en cuenta la financiación por habitante ajustado y a competencias homogéneas –como el que comento más adelante– concluyen que estaríamos más de cuatro puntos por encima de la media (2013). Estos desfases, en torno a los cuatro puntos, dependen de si se toma los datos oficiales de financiación normativa que recoge el Ministerio de Hacienda o los mismos datos corregidos teniendo en cuenta que no todas las autonomías tienen transferidas las mismas competencias y realizan el mismo esfuerzo fiscal, con lo cual hay que homogeneizar los datos originales antes de poder compararlos. En cualquier caso, tanto si tomamos los datos crudos como los mismos datos corregidos, no se atisba maltrato financiero por ninguna parte.

En la tabla adjunta se muestra la evolución histórica de la financiación por regiones desde el 2002 hasta el 2013. La tabla corresponde a un reciente estudio de Ángel de la Fuente (Fedea), el mayor experto en cuentas territorializadas de toda España. Como ya he indicado otras veces comentando precisamente este tipo de estudios que realiza periódicamente este economista, la evolución histórica pone de manifiesto que el agravio (este sí, real) que sufría Baleares antes de 2009 se disipa de la noche a la mañana gracias a la modificación que hace Rodríguez Zapatero del modelo que había heredado de Aznar (2001). Este cambio a mejor para Baleares puede observarse en la tabla adjunta. En 2008, todavía con el modelo de 2001, nuestras islas eran la autonomía peor tratada (87%, trece puntos por debajo de la media, fijada en el 100%). En 2009, ya con el modelo corregido por Zapatero e impulsado por Carlos Manera entre otros, Baleares pasa a estar por encima de la media (101,5%). La columna donde aparece “Sist 01 2009” indica lo que habríamos percibido en 2009 de haber seguido con el anterior modelo. Con el cambio de 2009, Baleares es la autonomía que más gana con mucha, muchísima diferencia. Sus recursos financieros aumentan la friolera de 14,5 puntos, lo que representa en torno a ¡500 millones de euros más! Ya en 2013, la financiación fue del 104,4%, claramente por encima de la media y con tendencia ascendente.

Los datos oficiales desmienten la supuesta mala financiación autonómica de Baleares con respecto a otras regiones. Otra cosa muy distinta es que no alcance para hacer frente al gasto sanitario y educativo que, como sabemos, se ha disparado desde la transferencia de estas competencias. Desde entonces, el gasto sanitario en Baleares se ha duplicado, por ejemplo. Así, no hay modelo de financiación que lo aguante, por mucho que la economía y el tipo de reparto mejoren. Estamos en manos de unos políticos manirrotos, llorones, mentirosos e irresponsables que dan la culpa a Madrid de no poder llegar a fin de mes a causa de su gasto desaforado. Ahí está la deuda autonómica que, paradójicamente, no ha dejado de crecer pese a la mejor financiación. Bauzá y Armengol son los dos presidentes que menos pueden quejarse en relación a los recursos disponibles para materializar sus políticas sociales, sanitarias y educativas. Si Armengol busca cómplices para mejorar la “insuficiencia financiera” que padecen las Islas debe buscarse otros argumentos que no pasen por la cantinela de “estar por debajo de la media”. Porque es falso, por mucho ‘botafumeiro’ e incienso victimista que algunos estén empeñados en esparcir.

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Publicat a El Mundo-El Día de Baleares, es 17-10-2015.

Día de la Hispanidad. Fiesta Nacional. Dando vueltas a lo de siempre, a la esquizofrenia (llamémosle caradurismo) de los que abominan del genocidio indio que presuntamente se celebra el 12 de octubre, mientras basan su identidad, en masacres medievales. El cinismo de aquellos que ridiculizan o llaman radical o facha al que saca una bandera española a la calle, y se emocionan, hasta la cursilería, ante una cuatribarrada (catalana, no de Aragón). Radicales de lo suyo, que denuestan lo que no sienten por la vía del insulto y se niegan a asumir que son la versión corregida y aumentada de aquello que critican. Y hablando de nacionalistas, no hay equidistancia que valga porque, por mucho que se busque o se etiquete, el nacionalismo español no existe más allá de los mundiales de fútbol -si se gana- , y el excluyente, el supremacista y el de campanario, sí.

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Y llegamos a la «Diada de Mallorca», otro 12, esta vez de septiembre, que al parecer debemos «repensar». Falta de arraigo, aduce Més y un Pi calentando banquillo y huérfano de discurso propio. Ante la memez de la excusa, que no se aplica a un himno -«La Balanguera»- con todavía menor arraigo y cuya letra no conocen ni los políticos del Consell, se acude a la superior omnisciencia de la UIB, quien debe ser capaz de discernir qué fiestas estamos más predispuestos a celebrar. Otra vez el cinismo como forma de hacer política y la imposición con criterios ideológicos por la vía de los hechos.

La realidad es que el nacionalismo siempre pretendió que fuese el 31 de diciembre la fiesta de Mallorca. Si somos parte de una nación superior, llamada Països Catalans, qué mejor que consolidar el mito celebrando la fecha en la que todo empieza. Un episodio de armas, en la que no faltó la sangre, la destrucción y la esclavitud de los defensores de Madina Mayurqa -de los que en mayor o menor medida descendemos- y que se ajusta estrictamente al guión de cualquier conquista cruenta de una ciudad o acto de guerra al uso. Dicho con trazo grueso, elegir entre la celebración del día en el que nuestros antepasados fueron pasados por las armas, o aquel en el que Jaime II, primer monarca del Reino privativo de Mallorca, aseguró para los mallorquines los derechos y libertades, de los que no gozaban quienes vivían con las cargas propias del régimen feudal. Genocidio o libertad, en suma, con todos los matices históricos que sean precisos.

Pero si preferimos caminar a la manera catalana, por la senda del victimismo, el próximo 25 de octubre, -fecha de la batalla de Llucmajor y de la muerte de nuestro último rey privativo, Jaime III-, tenemos un motivo perfecto de autoafirmación. Un rey caído en el campo de batalla, por oponerse al ansia expansionista de su tío Pedro el Ceremonioso. Y qué decir de ese niño de 11 años, su hijo, Jaime IV, prisionero de su tío hasta su fuga, 13 años después, que reemprende la lucha por su reino y que muere, lejos de su patria, en tierras sorianas. No me dirán que semejante drama supera, en mucho, al que se conmemora en Cataluña, en el que hasta el héroe que se honra, murió en la cama.

Menos mal que las fuerzas del Pacte querían dignificar la alicaída institución del Parlament. Menos mal. El glorioso espectáculo que sus señorías nos están brindando semana tras semana evidencia la fragilidad de las instituciones democráticas cuando caen en manos de unos partidos que sólo aspiran a representarse a sí mismos. Si los políticos no se comportan con un mínimo de honestidad, honradez y respeto a la verdad, las instituciones se degradan hasta el punto de quedar vacías de contenido, perdiendo su razón de ser. El Parlament tiene dos funciones: controlar el ejecutivo y legislar. Hace dos semanas veíamos como Armengol se negaba a obedecer el mandato de la cámara regional y, lejos de dejarse controlar, se atrevía a decir a los diputados de la oposición qué debían preguntarle. Hace una semana, la mayoría de nuestros diputados votaban contra la unidad de España y la Constitución, y justificaban su voto invocando no se sabe qué estrategia de C’s, como si todas las formaciones, cuando presentan una propuesta, no tuvieran su propia “estrategia” intencionada que es, casualmente, la misma siempre: dejar al adversario en evidencia. Estrategias aparte, la realidad es que PSIB, Més, Podemos y PI se negaron a votar contra el Procés secesionista. Esta semana los mismos partidos derogaban una Ley de Símbolos sin querer hablar de los símbolos (el catalanismo, salvo el de Nel Martí, claro, se lleva en la intimidad) y presentando su derogación como una defensa de la libertad de expresión, como si los nacionalistas, ruidosísimos, que controlan la enseñanza fueran unas pobres víctimas y no unos fanáticos que tienen acojonados al resto de docentes y a los políticos de turno. Quienes no respetan, no ya la libertad de expresión de los demás, sino la neutralidad de los centros quieren ahora pasar por víctimas.

El mejor titular de lo acaecido este martes ha correspondido a Quim Torres, periodista del Ara Balears. “La llei de símbols només serveix quan la deroguen, serveix per tapar la divisió del Pacte i destapar la del PP”. Magnífica y precisa síntesis. En efecto, el Círculo Balear ha denunciado la existencia de abundante normativa que, de haberse aplicado, habría hecho innecesaria su promulgación por parte del Govern Bauzá. Y aún más grave, la entidad ha acusado al Govern de Bauzá de negarse a aplicarla en 17 casos. En suma, un parlamento que no controla al Govern porque éste se niega a ser controlado y que legisla sobre lo ya legislado para que luego la ley se convierta en agua de borrajas porque el ejecutivo se niega a cumplir lo que él mismo ha impulsado contra viento y marea. Este fue el sino de José Ramón Bauzá, montar cirios encendiendo los ánimos de todo el mundo y luego no hacer nada de nada. Grandes discursos sin ninguna aplicación práctica. Por si fuera poco, el Pacte ha utilizado la derogación de dicha ley como una cortina de humo para ocultar la división que, una vez más, se hizo patente entre los socios del Govern. La interpelación de Podemos al Govern a cuenta del menorquín Fernández-Tarrés quedó desapercibida entre congas, espantadas populares y demás fanfarria antisistema. El Parlament es un juguete al servicio del partidismo más feroz. Cosas de la “nueva” política que debía enterrar a la “vieja” política de siempre.

El PP espantado y partido. Para poner la guinda al pastel, los diputados del PP deciden que no representan a nadie y se van de sus asientos para no votar la derogación de la Ley de Símbolos que muchos de ellos habían aprobado hace menos de dos años. La renuncia del PP a representar a su electorado, su incoherencia y sus conductas pueriles son la enésima prueba de que el PP va camino de convertirse en el enésimo partido de Baleares que sucumbe a la dictadura de su sector nacionalista, una minoría alejada del sentir de sus bases, como si ser del PP y afín a la OCB fuera lo normal en la Part Forana y no una excepción de ex alcaldes como los de Pollença y Alcúdia. Antes ya habían sucumbido a las voces telúricas y por este orden UM, PSIB, EU, PI y Podemos. Ya sólo faltaba el PP para sumarse al buen rollo. El catalanismo nunca había sido tan transversal. C’s queda así como único referente en defensa de la idea de España y la Constitución. Tomamos nota. Una vez más, la venerada y admirada Cataluña alumbra por anticipado lo que les va a ocurrir a los Miquel Vidal, Marga Prohens, Sagreras o Galmés. Si el declive del PSC no sirvió de advertencia al PSIB, tampoco parece que vaya a hacerlo la errática trayectoria del PP catalán. El PP balear lo va a pagar muy caro.

Las soluciones de March. El Ministerio de Educación nos acaba de echar un nuevo jarro de agua fría que abunda en lo ya sabido: el marasmo sin paliativos de la educación balear. Ahora resulta que, ¡también!, estamos en el furgón de cola de abandono escolar temprano que evalúa el número de estudiantes de entre 18 y 24 años que, habiendo terminado la ESO, dejan de estudiar. Nada menos que el 32,1% de nuestros jóvenes con la ESO abandonan definitivamente los estudios, más de diez puntos porcentuales por encima de la media Española (21,9%) y más de veinte con respecto a las mejores autonomías como Cantabria, Navarra y País Vasco. Hasta cierto punto sería lógico que se suspendiera más si ello se debiera a que hemos subido el listón. Tampoco es el caso. Como certifican los informes PISA, también estamos en la cola en nivel académico. Y apenas contamos con alumnos excelentes. Una tragedia: bajar el listón no ha servido tampoco para que aprueben más.

Algunos profesores de la UIB ya están dando la voz de alarma por el bajísimo nivel de los estudiantes de primero de grado. El sistema se cae a pedazos, la selectividad es una pantomima, Martí March lo sabe y, sin embargo, ofrece las fracasadas recetas de siempre (más catalán, más maestros, más pensamiento líquido como la llamada “educación en valores” y demás cursiladas) en su afán por contentar a los levantiscos sindicatos y camiseteros. Después de quince años de gestionar las competencias de enseñanza, el resultado es pavoroso: nos hemos cargado el sistema a pesar de gastarnos un Potosí, por supuesto, para empeorarlo. Lo lógico sería devolver la educación a Madrid y tratar de engancharse de nuevo al tren nacional que, a la luz de todos los datos, funciona bastante mejor que el balear. Paradójicamente, la solución de March es la contraria y pasa por “minimizar los efectos de la LOMCE” y desengancharse de las leyes que vienen de Madrid, como si de las políticas de nuestros mandamases autonómicos pudiéramos esperar algo más de lo que nos han ofrecido a granel. Y no es, como dice el “educador social” Miquel Enseñat, una cuestión de dinero ni de “tablets”, como desmiente el mismo informe del Ministerio de Educación al situar la media de alumnos por profesor de Baleares (11,8) por debajo de la media nacional (12,7). No, no es una cuestión de ratios ni de gasto. La nefasta gestión de la enseñanza balear, secuestrada por una casta parasitaria con los sindicatos a la cabeza con unos políticos que han bailado al son de su tambor, es el exponente más preclaro del fracaso de la autonomía balear. Un día habrá que hablar a fondo del floreciente negocio de la formación en Baleares con dinero público. A estas altures, la única solución pasa por la incorporación de criterios de mercado en la enseñanza como el cheque escolar, como ha explicado el PLIS. No queda otra. Todo lo demás, leyes orgánicas, leyitasy decretitos autonómicos y pactos de educación incluidos, es pura propaganda para marear la perdiz y dar la impresión de que están haciendo algo. No pueden hacer nada, aunque quisieran. Y March lo sabe.

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Publicat a El Mundo-El Día de Baleares, es 10-10-2015.