La Fundación Jaume III exige al Govern que la Oficina de Derechos Lingüísticos defienda los derechos de los hablantes de mallorquín, menorquín e ibicenco

Sa Fundació ha presentado una serie de alegaciones al proyecto de Decreto por el cual se crea la Oficina de Derechos Lingüísticos – La entidad exige al Govern de Francina Armengol que dicha oficina defienda los derechos de los baleares que hablan mallorquín, menorquín e ibicenco ante las catalanadas que suplantan nuestras modalidades insulares

La Fundación Jaume III, entidad defensora de las modalidades insulares, ha presentado una serie de alegaciones al proyecto de Decreto por el cual se crea la Oficina de Derechos Lingüísticos de las Islas Baleares.

Según informó el Govern, la creación de la Oficina de Derechos Lingüísticos responde a la voluntad de “proporcionar apoyo administrativo a las víctimas de discriminación con motivo de la lengua”, sea cual sea el idioma de los usuarios.

De acuerdo con el artículo 35 del Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares, el Decreto de Mínimos y la Ley de Normalización Lingüística: “las modalidades insulares del catalán de Mallorca, de Menorca, de Ibiza y de Formentera serán objeto de especial estudio y protección”. Y en referencia a la enseñanza de la lengua catalana, contempla que se hará “de acuerdo con la tradición literaria autóctona”.

De acuerdo con el artículo 3 de la Constitución Española y con la Ley 10/2015, de 26 de mayo, para la salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial aprobada por el Senado: “la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección”.

La Fundación Jaume III exige al Govern de Francina Armengol que la Oficina de Derechos Lingüísticos defienda los derechos de los balearhablantes e incluya la protección de las modalidades insulares en todas las comunicaciones de la Administración, medios de comunicación, Universidad, escuelas e instituciones públicas. Una protección que Sa Fundació reivindica ante la indiferencia de un Govern al que le es absolutamente igual que gran parte de la cartelería pública de Baleares esté en catalán de Barcelona y no respete las modalidades insulares.

Para que los hablantes de mallorquín, menorquín e ibicenco no sean discriminados por razones lingüísticas, y la Administración cumpla la ley y se dirija a la ciudadanía en nuestras formas lingüísticas baleares y que éstas no sean suplantadas por formas lingüísticas catalanas que no son propias de las Islas Baleares. Hecho que atenta directamente contra los derechos lingüísticos de los ciudadanos de Baleares que quieren ser atendidos en su lengua autóctona.